"Fue la gota que colmó el vaso". Con esta frase conocida y muy apropiada para la oportunidad definieron ayer la situación más de 100 vecinos que decidieron "tomar" la unión vecinal de Villa Atuel por una sobrefacturación que les llegó en la última boleta de agua, servicio que administra la entidad intermedia desde 1969.
Según autoridades del EPAS, ente regulador de estos servicios, la situación podría derivar en una intervención como en el caso de la Unión Vecinal de El Cerrito, también de San Rafael.La primera medida consistió en requerir la presencia de las autoridades de la comisión actual, que en realidad está formada por vecinos que cumplen esa función desde hace casi diez años.
Fue así que al presidente, Carlos Castellanos, se le graficó que de 17,5 que pagó un vecino este mes se le elevó a casi 30 pesos. Esta cifra debe considerarse sin olvidar que los salarios promedios en esta zona en muchos casos escasamente sobrepasan el mínimo ($ 1.200).
El directivo explicó que esa sobrefacturación se había decidido en la Comisión Directiva porque necesitan seguir con el pago de un juicio laboral y el monto que se factura por agua es insuficiente para cubrir el gasto. "Es totalmente legal", afirmó Castellanos. La explicación no fue suficiente y fue abucheado y sorpresivamente se retiró del lugar.
Sin embargo, desde el ente regulador (EPAS) su titular, Javier Montoro, destacó que se está al tanto del tema porque con fecha 20 de marzo de 2007 las autoridades de la entidad se dirigieron al EPAS para que autorizara un aumento de tarifas. Esto fue mediante la nota 1004. A ello se respondió que el régimen de revisión tarifaria requería de un informe detallado de la Unión Vecinal justificando el pedido. Nunca contestaron", dijo Montoro.
"Si hubiesen contestado tras el estudio que debemos hacer nosotros se eleva un informe a la autoridad "concedente" del servicio, es decir, el gobierno provincial y si lo considera oportuno y viable, por decreto se autoriza. No fue este el caso.
"Es así que el 26 de febrero de este año nuevamente se recibió una nota similar a lo que se le contestó reiterándole lo detallado. No tuvimos respuesta. Y ahora esto. El aumento no está autorizado. No fue evaluado por el EPAS porque nunca se recibieron los antecedentes que fundamentaban el pedido ni el Ejecutivo", señaló Montoro.
Agregó que mañana se constituirá una comisión del EPAS formada por funcionarios de las gerencias de auditoría y financiera para evaluar la situación.
También se harán inspecciones en la red para evaluar las distintas denuncias que se han recibido de algunos vecinos sobre problemas en la calidad del agua y de la presión.
"Debo destacar que los controles nuestros periódicos sólo detectaron una vez falta de cloro, no falta de presión, pero haremos un chequeo más minucioso y ahí decidiremos sobre todo. Si es necesario, admitió, se pedirá una intervención, no de la Unión Vecinal, sino de la administración del servicio", expresó el titular del ente.
Y agregó: "Lo de la Unión Vecinal deberá evaluarlo, a la luz de lo acontecido, la Inspección de Sociedades o Personas Jurídicas, lo que corresponda".
Ayer a la tarde las puertas de la unión vecinal permanecían cerradas y algunos vecinos montaban una discreta guardia, como fue la policial cuando se produjo la mayor concentración de gente alrededor del mediodía.
A esa misma hora se pudo conocer que tanto el presidente Castellanos como el tesorero Jorge Neme y otro integrante de la actual comisión, "Delfi" Vergara, hacían una denuncia en la comisaría de Villa Atuel por usurpación.
También en ese momento, entre los vecinos se designó a una comisión provisoria integrada, sin cargos, por Margarita Calderón, Orlando Sombra, Víctor Ciriza, Rosa López, Carlos Chena y Alfredo Menzi. Ellos serán los encargados de tramitar ante Inspección de sociedades la intervención de la Unión Vecinal.

Los bomberos en la mira
"También hay que ver lo de los bomberos", vociferaban algunos de los enardecidos vecinos que invadieron literalmente la sede vecinalista.
"Ellos, explicaron, tienen la misma comisión directiva y están las cosas tan mezcladas que hasta funcionan en la misma sede. Antes, dijeron, dejaron una casa que presuntamente alquilaban pero que nunca pagaron.
"Se fueron de ahí cuando el entonces juez de Faltas, Jorge Yapur, accionó contra el cuerpo porque hacían colectas compulsivas en la ruta", recordó otro vecino.
"A la dueña de la casa le dejaron una deuda importante de agua y le advirtieron que no se la cortarían mientras no dijese nada de esa deuda". También muchos de los asistentes pedían la rendición de un presunto subsidio de 40.000 pesos que habría recibido la entidad de Bomberos Voluntarios.