Si algo tiene este país de bueno y abundante, es el agua. Los estudios que se publicitan a nivel empresarial hablan de que el agua del acuífero Guaraní, que se saca del subsuelo paraguayo, supera por mucho los niveles de calidad que se exigen a nivel mundial para el consumo humano.
Las exportaciones, aún a baja escala, comenzaron hacia el 2003 y hasta hoy no han alcanzado cifras muy relevantes, pero hay múltiples intenciones de conquistar ese mercado, y a la vez hay intereses similares de las empresas importadoras en contactar con productores del país para futuras transacciones comerciales en base al vital líquido.
Los mayores mercados han sido hasta hoy Estados Unidos y Canadá, fuera de la región, mientras que en Sudamérica aparecen compradores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, en menor medida.
El tema de la transformación del agua del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, en mercancía es un tema de permanente debate desde hace algunos años a nivel de las organizaciones de defensa de los recursos naturales e, incluso, de los gobiernos del Mercosur, debido a que afecta a la mayoría de sus países.
Las presiones más fuertes de los ambientalistas se dan en Argentina y Brasil. Actualmente, los argentinos han puesto el grito al cielo porque hay empresas que firmaron acuerdos con las autoridades de algunas provincias para tomar el agua directamente del caudal del río Paraná, cargarla en buques cisterna y transportarla a Europa.
Este transporte a granel y sin tratamiento previo tiene como destino principal a Escocia, donde se hace la industrialización –purificación y fraccionamiento para la venta–. Con esta operación, los empresarios obtienen una ganancia de hasta diez veces más de lo que pagan por el líquido en Sudamérica, según informes provenientes del vecino país.
Los activistas “verdes” brasileños, por su parte, tienen sus ojos puestos en las grandes empresas de alimentos que ha comprado grandes extensiones de tierra en algunas de las zonas más estratégicas del acuífero Guaraní, y toman nota de cuánta agua sacan, de qué método de mineralización y desmineralización utilizan y cómo afecta a las comunidades que viven en dichas áreas.
En Paraguay, el año pasado fue sancionada por el Congreso y luego promulgada por el Poder Ejecutivo una ley que regula la explotación de dicho recurso natural, tanto para el consumo interno como para la exportación, pero su aplicación tropieza aún con la falta de reglamentación, una tarea que está en manos de varias instituciones, pero que no terminará en lo que resta del año.
Dicha reglamentación es clave para las empresas insertas en este nuevo negocio, en el que existen centenares y miles de interesados, tanto a nivel nacional como internacional. La mayoría de las firmas que explotan el agua en el departamento Central, así como en el sur y este del país, están preparándose para exportar, y hasta algunas de las más pequeñas ya han sido contactadas por posibles compradores del exterior.
Los técnicos que trabajan en el tema y las autoridades deberían, por ello, darle prioridad al aspecto legal, normativo, de este delicado negocio, porque de lo contrario, nuestra agua –que está en camino de convertirse en un producto de valor incalculable y que es un bien de todos– se nos puede ir de las manos sin que la sociedad reciba a cambio una compensación suficiente.