El polémico veto de Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares fue rechazado este martes por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes intentarán que el tema sea respaldado en el recinto.
En la reunión, donde se registró la presencia de sólo un legislador del oficialismo, los bloques opositores decidieron presentar mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria un pedido para que el proyecto sea debatido en la sesión, donde para ratificar la ley es necesario el apoyo de los dos tercios de los votos.
El presidente de la Comisión, Miguel Bonasso (Frente para la Victoria), consideró que el rechazo presidencial a la norma fue "contradictorio y débil", e impone "el derecho de propiedad" de las empresas mineras por sobre "el derecho ambiental".
En declaraciones a Criticadigital, Bonasso había advertido que insistiría en "la aprobación de la ley tal como está": "El único argumento que tienen los legisladores oficialistas para no aprobar la ley es la obediencia debida", disparó.
La decisión de la Presidenta había despertado reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.
El líder de la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, en diálogo con Críticadigital, atacó duramente el rechazo presidencial. “Cristina se va a tener que hacer cargo de su corresponsabilidad en la destrucción de los glaciares nacionales. Es un cóctel fatal entre la incompetencia de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y los ‘consejos’ de la Secretaría de Minería”.
Luego Montenegro fue más allá y habló de un claro mensaje hacia las mineras. “Con este veto, tienen vía libre para seguir explotando a mansalva el suelo argentino”.
LOS CAMINOS DE LA LEY. Una vez que llegue a Diputados se necesitará de los dos tercios de los votos positivos tanto de la Cámara Baja como luego en el Senado para transformarse la ley. De lograrse, Cristina estará obligada a promulgarla.
La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta con 47 legisladores presentes y en concreto prponía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, como lo posee Chile.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance.
Pero Fernández de Kirchner argumentó en el decreto 1837/08 que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.
LA SOMBRA DE BARRICK GOLD. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso amenazaba los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de u$s 2.400 millones en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.
El proyecto sanjuanino Pascua Lama, de Barrick, enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno de ese país después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio. Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.
No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre cómo compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo, y por la estructura impositiva que debe afrontar Barrick en la Argentina, superior a la que paga en Chile.
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