La Unión de Asambleas Ciudadanas, que reúne a decenas de agrupaciones vecinales y ambientales que sufren los perjuicios de la minería contaminante, inició una campaña nacional para reclamar, entre otros puntos, la derogación y anulación del tratado de integración minero argentino-chileno.
El acuerdo permite la actividad de compañías --multinacionales, en su mayoría-- y el desarrollo de emprendimientos que ponen en riesgo a los glaciares que, en el caso argentino, suministran gran parte del agua dulce para consumo y riego.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas cuestionó el veto a una ley protectiva firmado por Cristina Fernández. "Es incomprensible porque pone en peligro la materia prima sustancial para preservar el ecosistema y la naturaleza", expresó.
Impulsado por la multinacional canadiense Barrick Gold, el denominado proyecto Pascua Lama significa una inversión de U$S 2.500 millones y abarcará territorio argentino y chileno en las altas cumbres.
El director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba --uno de los asesores en la redacción de la ley derogada-- afirmó que el texto no buscaba perjudicar los intereses de las mineras sino proteger las fuentes de agua dulce.
A pedido de Barrick Gold, el científico Gabriel Cabrera relevó meses atrás la evolución de los glaciares en la zona donde se instalará Pascua Lama. Su estudio determinó que la gran mayoría de las masas de hielo van a desaparecer y que, durante las últimas décadas, perdieron diez metros de espesor.