El Poder Ejecutivo revocó ayer el controvertido Decreto Nº 334 del 30 de setiembre de este año, porque “han surgido cuestionamientos”, y decidió dictar otro “de inmediato”, en su reemplazo. El anuncio fue hecho en el Palacio de López por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Emilio Camacho, y por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre.
Camacho agregó que el Ejecutivo nacional había dictado el decreto en cuestión con el fin de autorizar y poner en marcha los mecanismos para que la Argentina pague a nuestro país US$ 120 millones, a cuenta de la compensación que debe pagar a nuestro país por cederle su excedente energético en Yacyretá.

Oportunos cuestionamientos
“Este decreto es un acto estrictamente de orden administrativo y, sin embargo, han surgido cuestionamientos sobre el alcance del mismo. Ante esta situación, el Gobierno anuncia que, fiel a su compromiso de total y absoluta transparencia en la actuación, fiel a su compromiso de defender de manera intransigente, indudable, los altos intereses nacionales del país, ha resuelto revocar este decreto y dictar uno de inmediato en su reemplazo”, añadió el asesor jurídico de la Presidencia.

Manipulación argentina
Debe apuntarse, empero, que esos cuestionamientos alcanzaron el nivel de alarma apenas pudo conocerse la interpretación que hicieron del decreto de marras cinco funcionarios argentinos de la Comisión Técnica Binacional EBY, en su informe sobre la conveniencia de la reducción del nivel del embalse o no de la hidroeléctrica.
“... Lo cierto es que el decreto referido (N° 334), evidenciando un acto que nos permitimos calificar como de honestidad y madurez política, modificó aquella actitud crítica, plasmando la aprobación de ‘... todo lo actuado hasta el presente...’, vinculando con el emprendimiento binacional, tal como reza en su último considerando”.
La actitud crítica a la que se refieren fue la que manifestó el 1 de julio el entonces presidente electo Fernando Lugo en un comunicado en el que exigió la inmediata reducción del embalse de Yacyretá, hasta que concluyan las obras complementarias.
Advertía en la ocasión que “se utilizará todo el peso de la ley para castigar ejemplarmente a quienes sean responsables, por acción u omisión, de los daños irreparables contra el medio ambiente y contra la salud de los habitantes”. Para los funcionarios argentinos, la conclusión se desprende de sus premisas, esa actitud no solo fue una inmadurez política, sino también una falta de honestidad.
La frase que transcriben en su informe técnico, gracias a la cual elevan a Lugo a la categoría de político maduro y honesto, figura en el considerando de la Pág. 9, folio 11 del decreto revocado en la víspera.