El Senado de la provincia aprobó ayer con discrepancias un rechazo al veto presidencial que dejó sin efecto la ley de protección de los glaciares.
Además, los legisladores se pronunciaron para que el Poder Ejecutivo local ingrese de lleno en el tratamiento de la problemática y defina su posición frente al resguardo del recurso hídrico. Asimismo plantearon que los legisladores nacionales por Mendoza insistan con la sanción de la norma que protege las masas de hielo de la cordillera.
De todos modos, no hubo unanimidad en la decisión, ya que el procedimiento sólo tuvo 26 votos afirmativos contra ocho abstenciones de miembros del PJ-Frente para la Victoria.
Mientras esto ocurría en Mendoza, en la comisión ambiental de Diputados de la Nación se insistió en pedir el rechazo al veto.
Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en el Senado nacional Ernesto Sanz presentó un proyecto por el cual pidió a la Cámara de Diputados que se insista en la sanción de ley que fuera aprobada por unanimidad por ambas cámaras.
"En una provincia como Mendoza, donde el agua es una fuente tan escasa y a la vez tan preciada, la protección de este recurso es vital al ser aprovechada por la economía regional, el turismo y la generación eléctrica para el distrito", señaló Sanz.
Al promediar octubre, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, desaprobó la ley 26.418, llamada de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, que había sido votada unánimemente en Diputados de la Nación y que tuvo sólo tres oposiciones en la Cámara alta.
La Presidenta señala que "el proyecto de ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional".
Para el senador nacional por Mendoza, la interpretación de Cristina Fernández es errónea, "porque la finalidad del artículo 41 es proteger el derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, no sólo para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras".
Aquí en Mendoza, no sólo los senadores de la UCR, PD, Consenso Federal (cobismo) y ARI se pronunciaron en contra de la decisión del Ejecutivo nacional, sino también, y de manera enérgica varios investigadores, como Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y el geógrafo Marcelo Giraud.
En el Senado provincial, ayer, se resolvió a través de un corto debate reprobar la decisión de la Presidenta, a través de iniciativas presentadas por la senadora Alejandra Naman (ARI) y sus pares de la UCR, Leopoldo Cairone y Walter Sáenz.
Tanto en el interior del país como en el seno de los legisladores que en el Congreso impulsaron la norma sobre los glaciares, N° 26.418, se pensaba que probablemente habría un rechazo a algún artículo, y hubo sorpresa y desaliento cuando el no fue sobre todo el articulado.
El radical Sáenz va a pedir al Ejecutivo local que autorice en este período de sesiones extraordinarias el tratamiento del tema en Diputados, para que la provincia tutele su propio resguardo de los reservorios de agua (en Mendoza, 75% de las reservas de líquido están en la montaña).
En este cometido, lograr una norma autónoma de Mendoza, también es posición asumida por la senadora Nelly Gray, y Amelia Monserrat (Confe), en Diputados.
Villalba en el Congreso
La comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida Miguel Bonasso, resolvió solicitar ante el plenario de diputados del Congreso rechazar el veto presidencial a la ley de glaciares.
Ayer prestó asesoramiento en este ámbito del Congreso el científico mendocino Ricardo Villalba, titular del Ianigla.
Esto ocurrió porque ayer retornó a Diputados para su tratamiento el veto presidencial a la ley 26.418 (glaciares).
Como se sabe, para transformarse en ley por mayoría simple, la iniciativa ahora necesitará los dos tercios de los votos positivos, tanto en el recinto de Diputados, como en el Senado.
Esta será la última instancia legislativa. Si ambas cámaras lo aprobaran nuevamente, el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgarla.
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