El anuncio formal del Gobierno de la Provincia de que próximamente se contratará una empresa que derrumbe el terraplén construido en los Esteros del Iberá fue recibido de distinta manera por los sectores afectados por esta construcción de más de 30 kilómetros lineales de extensión. Yahaveré, el paraje directamente comprometido con esta construcción, se encuentra en el medio de una compulsa de intereses diametralmente opuestos.
Por un lado, un grupo integrado por pobladores y ambientalistas lleva reclamando desde hace tiempo no sólo que se derribe el paso, sino el cumplimiento del fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo de Mercedes Scaramellini Guerrero, que ratificó la medida en favor de un poblador.
Por el otro, dos intendentes y otro grupo de lugareños, de Concepción y Santa Rosa, afirman que el terraplén es hoy el único camino para ingresar sin inconvenientes hasta el paraje.
En materia ambientalista, la cosa también está dividida. Hay unos del riñón del conservacionista Douglas Tompkins que ya confirman el daño ambiental que el muro causó en los Esteros, pero también aseguraron en su momento que derribarlos generaría otra debacle. En definitiva, nada parece augurar una reconversión ambiental positiva en el Iberá.
Ahora también hizo oír su voz el interventor de Vialidad Provincial, Alberto Carcagno, quien, en declaraciones a Cadena de Radios, habría afirmado que “no sería conveniente” derribar el el camino elevado. Puntualmente, aseveró: “El terraplén no debería destruirse".
Y, en ese sentido, el funcionario fundó sus razones en las dificultades para transitar en el terreno donado por Tompkins, y paralelamente la gran inversión que se debe realizar para construir puentes y un camino óptimo para llegar al lugar,
“Desde el punto de vista vial y económico, recomendaría que no se destruya, si no hacer los puentes para que no se embalse el agua y pueda escurrir. Hay que hacer un estudio hidráulico porque hasta ahora eso es una materia pendiente”, reflexionó Carcagno.
Palabras más, palabras menos, todo parece fundamentado y discutible, aunque lo verdaderamente real es que esa obra nunca debió haberse realizado en una reserva natural.
Los hechos hablarán por sí solos.

Santa Rosa y concepción defienden el muro
Terraplén: intendentes dicen que la jueza de la causa no quiso recibirlos
Según los jefes comunales Miriam Fernández y José Encinas, ellos quisieron explicar la situación de las familias en el paraje Yahaveré.
El conflicto por el terraplén en el Iberá sigue dando que hablar. Un roce se produjo ayer cuando la intendenta de Concepción, Miriam Fernández, y su par de Santa Rosa, Juan José Encinas, se presentaron espontáneamente ante el Juzgado Civil y Comercial Numero 12 de Corrientes Capital (que lleva la causa del terraplén desde el principio del conflicto), para solicitar una audiencia con la jueza Mercedes Scaramellini Guerrero de Branca y expresar su posición en relación a la realidad de los pobladores de Yahaveré. Los funcionarios señalan que las familias que viven allí “se verían seriamente afectadas ante la posible demolición de esta única vía de comunicación”. Ante este pedido, la jueza sólo envió a unos de sus secretarios para que comunique a los intendentes que “nunca los va a recibir”.
Alarmados ante esta negativa, “con dolor y decepcionados”, según expresaron, los intendentes locales tuvieron que retirarse para analizar este hecho y evaluar los pasos a seguir.

Intervino el Ejecutivo
La semana pasada, el Poder Ejecutivo decidió agilizar la demolición del muro de tierra y ordenó al Ministerio de la Producción que contrate una empresa idónea para los trabajos en la reserva. Ante esto, la empresa que lo construyó -ex Forestal Andina- mantiene el argumento de que el terraplén “sirve como camino de acceso entre el paraje Yahaveré y las localidades de Santa Rosa y de Concepción”.
Según la perspectiva de la empresa Haciendas San Eugenio (ex Forestal Andina), “la construcción del camino forma parte de un proyecto productivo y social de beneficio para todos los pobladores”. A lo que la Municipalidad de Concepción (a través del Concejo Deliberante) y la posterior homologación del Ejecutivo declaró al camino de “interés público”, considerándolo como el único acceso al paraje Yahaveré, donde convive un grupo de familias y funciona una escuela.
Asimismo, el municipio local presentó un recurso ante el Juzgado Nº 12 pidiendo que no se demuela la obra hasta tanto exista otro camino alternativo.
Por su parte, la intendenta Fernández aclaró que “los planteos que esperan resolución se amparan en la Constitución de la Provincia”, básicamente en los artículos que establecen que la Carta Magna “reconoce la existencia del Municipio como una comunidad de derecho natural y sociopolítica, fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma en lo político, económico, financiero e institucional, una autonomía que ninguna autoridad puede vulnerar”.
Además de los artículos donde se establecen las atribuciones y deberes del Municipio, que menciona a las “obras públicas y viales, vialidad, tránsito y transporte”.