“Establézcase que cualquier modificación que dispusiera el Poder Ejecutivo en relación con el huso horario en el territorio provincial deberá hacerse por medio de una ley de esta Legislatura”.
Es el texto modificado que el autor del proyecto de ley propuso y finalmente se aprobó ayer. El diputado Eduardo Jourdán -autor junto a Hugo Vázquez- aludió a una serie de reuniones mantenidas con diversos sectores -comerciantes, empresarios, amas de casa- además de los distintos bloques legislativos para tratar el proyecto por el que proponía volver atrás con el cambio horario, al que insistió en considerarlo un “error”, pero “por este año, ya el horario está establecido”, admitió.
Como conclusión de los análisis efectuados, el legislador sostuvo la iniciativa pero con una “modificación sustancial”, adelantando el texto que finalmente recibió el acompañamiento de todos sus pares.
Desde la bancada radical, Jaime Benedetti, opinó que el cambio horario debería tener cierta “previsibilidad” y reafirmó “la necesidad de que este tipo de decisiones pase por órganos colegiados, como un modo de dar mayor estabilidad”.

POR LAS PASTERAS. Diputados sancionó el proyecto de ley del diputado Juan Bettendorf (PJ) por el que solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de la Dirección General de Rentas (DGR), arbitre las medidas para que la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú difunda en los reversos de los avisos de vencimientos del impuesto inmobiliario los efectos negativos que provocan sobre el ambiente y la salud el funcionamiento de las plantas de pastas de celulosas.
La iniciativa tiene como objetivo “otorgar una eficaz herramienta de comunicación y difusión a la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú para concientizar sobre los efectos negativos que producen sobre el ambiente y por ende en la salud de las personas el funcionamiento de las plantas de pastas de celulosa y en especial la mega pastera Botnia, instalada en Fray Bentos (Republica Oriental del Uruguay)”, afirma Bettendorff en los fundamentos de la propuesta.
La Dirección General de Rentas distribuye bimestralmente alrededor de 389.800 avisos de vencimientos, correspondientes al impuesto inmobiliario urbano y aproximadamente 79.500 avisos distribuidos trimestralmente correspondientes al impuesto inmobiliario rural. Dichos avisos impresos en hojas tamaño A4, solo son impresos por la Dirección General de Rentas en una sola faz.

A COMISIÓN. En la sesión, ingresaron y fueron girados a comisión los 12 proyectos para reglamentar la Constitución reformada que, están referidos a Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; la Ley Orgánica de la Contaduría General; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado; la Ley del Consejo de la Magistratura; la Ley del Jurado de Enjuiciamiento; la Ley de Participación Popular; Ley reglamentaria del Procedimiento Constitucional del Hábeas Data; la Ley de Acceso a la Información Pública; la Ley de Ética para el ejercicio de la función pública, y la Ley de Discapacidad.
También se giró a comisión la creación de una Comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados, con participación ciudadana y representación de todos los bloques, para que estudien y elaboren un Código Ambiental.
En cambio, quedaron con preferencia para ser tratados en la próxima sesión, el proyecto de presupuesto 2009, la incorporación de los trabajadores del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) a la Caja de Jubilaciones de la provincia; el régimen excepcional para los ex agentes del Bersa y el especial para los trabajadores de las salas de casinos que se impulsó tras la sanción definitiva de la prohibición de fumar para mitigar precisamente el impacto que sufren estos empleados por el consumo de tabaco que quedó habilitado en esos ámbitos lúdicos.

Preservar un preciado recurso
La posibilidad de que se exporte agua dulce del río Paraná inspiró un proyecto de Resolución que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Mediante la iniciativa del diputado Daniel Bescos, junto a Jorge Kerz y Alicia Haidar, se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos pertinentes, arbitre todos los medios de control, para determinar si en el territorio de la provincia de Entre Ríos se están realizando operaciones que impliquen comercialización de agua dulce, por parte de personas físicas o jurídicas o entidades privadas.
El texto también se dirige a los legisladores nacionales para que impulsen normativas tendientes a la “protección de agua dulce” en el país, prohibiendo su exportación hacia otros países, o que regulen la comercialización para los casos en que la situación lo justifique.
En los fundamentos, los legisladores repasan publicaciones periodísticas que dan cuenta de la posibilidad de exportar agua dulce del río Paraná por una firma radicada en Buenos Aires, con sede en Estados Unidos.
El artículo habla de millones de dólares por barco que transporta agua dulce y se argumenta que no se está trabajando en detrimento de población alguna, que se “pesca” el agua del río Paraná antes de llegar al mar.
Bescos opinó que se debe estar alerta e impedir cualquier práctica que lleve a la comercialización de nuestra agua dulce, porque estaríamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras.
Si bien no desconoce que por razones humanitarias o de emergencia, otras naciones puedan requerir el vital elemento, apunta a la necesidad de contar con una normativa nacional e incluso, reforzar la importancia que le da la Constitución Provincial con normas que hagan posible preservar este recurso.