En su libro de Historia de la Cultura Mendocina, Fernando Morales Guiñazú recuerda la leyenda que adornó la tumba de la emperatriz babilónica Semiramis.
“Hice correr los ríos por donde quise, pero sólo por donde era útil. Hice fecunda la tierra estéril regándola con mi ríos”; y al evocarla, agrega nuestro historiador: “Esta podría ser una leyenda aplicable a cualquiera de los buenos gobernantes mendocinos, quienes merced a las obras de riego han impulsado el progreso de su provincia, llevando agua por nuevos cauces, que ha aumentado en forma fantástica la productividad de sus tierras y por ende han crecido en igual proporción la fortuna pública y privada”.
La lucha contra el desierto es uno de los mitos fundamentales de la identidad mendocina desde donde se sostienen otras ficciones orientadoras de nuestra comunidad como la cultura del trabajo y la voluntad de progreso. Seguramente, estas ideas están fundadas en la realidad productiva de nuestra economía y de nuestra proyección al mundo; no en vano Mendoza es conocida mundialmente por sus vinos y por su producción frutihortícola.
La idea de luchar contra el desierto despierta lo mejor de nosotros, nos moviliza con la mirada puesta en la frontera de nuestras posibilidades.
Una frontera que en términos físicos o geográficos es bastante reducida si tenemos en cuenta que los tres oasis representan aproximadamente 3% del territorio provincial. Esta realidad se vuelve todavía más desafiante si descubrimos que esa frontera está en retroceso.
A principios del siglo XX se alcanzaron las 360.000 hectáreas cultivadas, al inicio de los años ’90 la superficie cultivada cayó a 291.570 ha y para el 2002 se había reducido tal superficie en más de 20.000 ha.
El gobernador Celso Jaque nos ordenó que diseñáramos una política de Estado orientada a recuperar las tierras productivas abandonadas y ampliar la frontera productiva de Mendoza a través de un sistema hídrico sustentable. Desde el gobierno tenemos la convicción de que el agua es un recurso escaso y generador de vida.
Es por ello que resulta necesario reducir la pérdida hídrica por filtración en los canales y por excesos en la mala aplicación del riego agrícola, además de los problemas producidos por la contaminación.
Sabemos que en la discusión en torno del uso del suelo se juega un factor fundamental de nuestra estatalidad, porque entendemos que el territorio y la población dan forma a nuestra comunidad política y es prioritario para nosotros definir una distribución territorial equilibrada y así debatir sobre qué vamos a producir y cómo nos vamos a proyectar al futuro.
El gobernador nos pidió que soñemos en grande, pero con pragmatismo. Por eso, en relación a la lucha contra el desierto proponemos un salto superador: la construcción del cuarto oasis productivo de la provincia.
Este nuevo oasis se construirá con el trasvase del río Grande al Atuel, que generará la posibilidad de cultivar 75.000 hectáreas y posibilitará la construcción de la presa de Portezuelo del Viento.
Fue con este objetivo que firmamos el convenio con la provincia de La Pampa. Y aunque nos culparon de entregar nuestra agua y de no actuar en defensa de Mendoza, podemos sostener, en cambio, que con esta decisión reafirmamos lo mejor de nuestra identidad.
Porque para construir el cuarto oasis, debemos romper con la actitud conservadora y movilizarnos positivamente como una sociedad que busca el progreso, que no tiene temor a cambiar. En definitiva, tenemos que recuperar la audacia de nuestros pioneros, para ser más mendocinos.
Frente a los que se oponen al progreso, no nos cansaremos de aclarar que el convenio en ningún momento significará sacarle agua a nuestros regantes ni perjudicarlos, sino que establecerá obras estratégicas a largo plazo, para ampliar el riego del sur de Mendoza y para mejorar la calidad y el caudal de riego que hoy tiene esa zona de la provincia.
Con esta firma logramos fondos para la red de riego por más de $620 millones en obras que nos permitirán mejorar el caudal del cauce del río Atuel y del marginal del mismo. La provincia de La Pampa aportará $210 millones y el Ministerio del Interior y el Ministerio de Planificación Federal de La Nación pondrán $310 millones. Con estos recursos lograremos canalizar todo el sistema, con canales primarios, secundarios y terciarios.
Esta inversión no sólo mejorará el volumen del cauce, también terminará con el problema de la salinización de muchas hectáreas en los departamentos de General Alvear y San Rafael. Al recuperar los efluentes perdidos por filtración, principalmente en las épocas de mayor caudal en diciembre y enero, mejoraremos la calidad del agua en este departamento.
Nuestro compromiso con La Pampa se limita al excedente de agua que se produzca por el resultado de estas obras en función de lo que determine el Departamento General de Irrigación. No vamos a dar agua hasta que no se ahorre ese caudal, ni hasta que se cumpla con la construcción y terminación de las obras que priorizará el DGI y siempre que la oferta hídrica lo permita.
Estos son los argumentos que llevamos a este debate movilizador que proponemos. Con estas ideas estamos dialogando con los regantes del sur, con los legisladores y con todos los actores sociales involucrados. No tememos al disenso sino a la política de la ciega negación, del statu quo, del atraso.
En tiempos en que las fronteras de producción se expanden por el avance de la tecnología, la ciencia y la innovación, cuando vemos producciones agropecuarias que se adaptan a suelos y climas más duros, se nos presenta la posibilidad de avanzar a un cuarto oasis productivo.
Hagamos como nuestros pioneros, sigamos adelante.