El oficialismo optó por suspender la sesión de anteayer en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se votara sobre tablas la ley sobre protección de glaciares que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la semana pasada.
La iniciativa que aprobó el Congreso en su momento es el fruto de la incansable labor de expertos, organizaciones sociales, ecologistas y amantes de las montañas, todos preocupados por la reducción cada vez mayor de los glaciares en el país.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, la ley tenía como objeto establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
No proteger los glaciares significará que muchos pueblos y ciudades al pie de la cordillera de los Andes tendrán mayores dificultades para adaptarse a los efectos del cambio climático que ya ha llegado. La consecuencia es que aquellas regiones que necesitan el agua de las montañas que proviene de los glaciares y de la nieve acumulada cada año para desarrollar la agricultura, la ganadería, el turismo, la generación de energía y el consumo humano verán desaparecer en pocos años sus fuentes de provisión, a la luz de los modelos científicos que anuncian menores precipitaciones níveas en la Cordillera y, por ende, menor acumulación de nieve e inferior disponibilidad de agua.
En años en los que la nieve que cae no es suficiente, los glaciares proveen el agua para mantener las actividades productivas, mientras que en años abundantes los glaciares recargan sus reservas para entregarlas cuando resultan necesarias. Y ésa es una de las funciones que la naturaleza les ha otorgado a los glaciares, que debido a este veto presidencial y a las actividades desenfrenadas del hombre, desaparecerán antes de lo que debería suceder.
Se trata de uno de los tantos servicios que la naturaleza brinda, pero que no se contabilizan en el cálculo del producto bruto interno (PBI). Así, la desaparición de estas funciones clave para nuestro bienestar no es percibida por la sociedad, aun cuando sea ésta la que deberá afrontar esas pérdidas, de modo directo al mermar la calidad de vida, y de modo indirecto a través de la financiación de obras de infraestructura para intentar revertir los daños generados por la pérdida de aquellas funciones.
La norma vetada impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan un 75 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran "afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera".
Entre los débiles argumentos para vetar la ley, el Poder Ejecutivo afirmó que "ya existe legislación, como la ley general del ambiente (25.675), y que el Gobierno ha tomado medidas respecto de la cuestión ambiental". Nuestra Presidenta reveló que su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas y que "resultaba excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares".
Como ya es costumbre, la autoridad ambiental, más persuadida por las directivas de los Kirchner que por una sólida ponderación de los temas ambientales, parece amordazada o guarda silencio, demostrando lo que hemos resaltado en esta columna: el medio ambiente no es una preocupación sincera en nuestro país.
Como en la mayoría de las cuestiones ambientales, estamos ahora frente a un tema de claras consecuencias transgeneracionales. Sería deseable entonces que nuestros legisladores supieran estar a la altura de las circunstancias globales y legislaran para el presente y el futuro de los argentinos, superando las empobrecidas directivas de la coyuntura partidaria.