Un proyecto gestado por la concejal Paola Sanna (FpV), pero que cuenta con el apoyo del arco opositor, apunta a crear el Ente Regulador de Servicios Públicos -señalado en la Carta Orgánica-, que tendrá la premisa "de asignar prioridades en los servicios básicos indispensables para los barrios carenciados y asegurar que el presupuesto se cumpla efectivamente".
La falta de agua potable a 500 familias y la contaminación de napas por la carencia de redes cloacales "son los disparadores potenciales para declarar la emergencia sanitaria en buena parte de la población", se indicó.
Haciendo un análisis de la ejecución presupuestaria hasta septiembre, Marcelo Contardi, del Movimiento por El Bolsón y asesor de la edil, refrescó como ejemplo que "este año se autorizó un erogación de 63.000 pesos, provenientes de recursos propios, y hay todavía un importante remanente sin ejecutar".
"Lo mismo con las cloacas -detalló-, como es el caso del barrio Las Quintas, donde constan 21.000 pesos y parece que no se gastó nada".
A la iniciativa se sumaron también referentes del justicialismo, PAyS y el Frente Grande, quienes ironizaron en un comunicado con que "luces no nos faltan ya que de un computado para plazas y calles de $ 20.000, sólo hicieron falta 111", aunque "los pozos son un problema ya que de un total de 50.000 se ejecutaron $ 28.000, y de los terrenos que tanto habla -y que parecen ser el único desvelo del jefe comunal-, sobre un autorizado para mensuras de $ 20.000 sólo se gastaron 900, debe ser que con tantos terrenos regalados y "vendidos" ya no queda qué mensurar".
En contrapartida, reflotan la idea de articular "un presupuesto participativo para el año que viene, donde la obra pública quede definida como una política de Estado y con real injerencia de las juntas vecinales constituidas".

Cálculos de gastos
Ahora, el Poder Ejecutivo está facultado para presentar el cálculo de ingresos y egresos hasta el 1 de diciembre, para pasar luego al debate parlamentario.
Antes piensan en formalizar dicho ente "con el objetivo de favorecer el compromiso de la ciudadanía y las instituciones públicas en la solución de problemáticas sociales, que sea un mecanismo participativo en la gestión de fondos públicos", además de garantizar que intervengan "concejales de distintos bloques, el secretario de Obras Públicas, las entidades vecinales y un representante de los colegios profesionales