Organizaciones no gubernamentales saludan en Chile la decisión del consorcio HidroAysén de suspender por nueve meses la tramitación ambiental del proyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia, en el sur del país.
"Estamos contentos, particularmente porque se reforzó nuestra opinión de que era un mal proyecto y un mal Estudio de Impacto Ambiental (IEA)", dijo a IPS Sara Larraín, integrante del Consejo de Defensa de la Patagonia, un colectivo de 50 organizaciones chilenas y extranjeras contrarias a la iniciativa por sus impactos ambientales, sociales y turísticos.
La empresa solicitó el miércoles a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Aysén postergar hasta agosto de 2009 la tramitación del EIA, decisión que fue aceptada el mismo día por el organismo gubernamental.
El consorcio HidroAysén, formado por las firmas generadoras Endesa y Colbún, pretende construir cinco megacentrales hidroeléctricas en dos ríos caudalosos de la austral región de Aysén, el Baker y el Pascua. La inversión estimada es de 3.200 millones de dólares.
Las centrales, que inundarían 5.910 hectáreas, pretenden inyectar 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central, que abastece a más de 90 por ciento de la población chilena. Para ello se requiere instalar un tendido eléctrico de 2.000 kilómetros, que atravesaría ocho regiones del país.
El EIA correspondiente a las centrales fue presentado por el consorcio el 14 de agosto. El texto, de 10.500 páginas y un costo de 12 millones de dólares, fue confeccionado durante tres años por las empresas chilenas Poch y EPS y la sueca Sweco.
De los 36 servicios públicos que recibieron el proyecto, 32 formularon observaciones que se agruparon en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara).
Aunque el gobierno informó que fueron más de 3.000 las observaciones, la empresa aseguró haber recibido sólo 2.643.
La Conama de Aysén notificó a la empresa el 13 de este mes que el plazo para responder el informe se cumplía este jueves, ante lo cual la empresa optó por pedir la suspensión en la víspera. Además, el lunes próximo se cierra el proceso de participación ciudadana.
"Este es el proyecto de mayor envergadura y complejidad que ha enfrentado la institucionalidad medioambiental en Chile", declaró Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, en un comunicado de prensa.
"Como es de enorme relevancia para el futuro energético del país", la iniciativa "debe ser ampliamente conocido por los organismos técnicos, autoridades y la ciudadanía de Aysén y de Chile entero", añadió.
"En ese contexto, solicitar una suspensión es una alternativa enteramente habitual en este tipo de procesos y servirá para contar con el tiempo necesario para complementar la información del EIA", arguyó el ejecutivo.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló en octubre que el EIA no "estaba a la altura" de lo exigido, declaraciones que fueron morigeradas por otros funcionarios que se han manifestado proclives a la construcción de las represas, como los ministros de Energía, Marcelo Tokman, y el de Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Tokman señaló que la "ruta crítica" del proyecto no eran las represas sino la línea de transmisión de 2.000 kilómetros, cuyo estudio ambiental será presentado el próximo año.
La empresa, en vez de hacer una autocrítica, cuestionó la idoneidad de los servicios públicos. El gerente general de Colbún, Bernardo Larraín Matte, señaló que, "si hacemos una analogía, el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) usó una regla de una librería (para estimar la superficie inundada) e HidroAysén un instrumento de medición con precisión láser".
Antes de que la Conama notificara a la empresa del Icsara, la estatal Dirección de Aguas (DGA) ya había puesto en duda la factibilidad del proyecto al rechazar una solicitud de derechos de agua presentada por la empresa, tema que podría dirimirse paralelamente en los tribunales.
La DGA fue uno de los servicios públicos más lapidarios con HidroAysén.
"El estudio presentado a Evaluación Ambiental adolece de información relevante y esencial que permita: entender el proyecto; caracterizar correctamente las distintas componentes ambientales; predecir y evaluar sus impactos y en consecuencia verificar que el Titular se haga cargo de ellos".
"La información geológica, hidrogeológica, geomorfológica, y los estudios de riesgos naturales asociados a fenómenos geológicos, presentados en la Línea Base, son insuficientes para evaluar ambientalmente el proyecto", dice por su parte el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
"Nos llamó la atención positivamente que hubiera tal consistencia y consenso entre los servicios públicos, que hicieron un tremendo trabajo. Este proceso sirvió para relegitimarlos. Ha habido una recuperación de la confianza", comentó Sara Larraín.
Sin embargo, el Consejo de Defensa de la Patagonia cuestionó que el gobierno decidiera continuar la tramitación del proyecto en vez de rechazarlo de plano, considerando que 11 servicios públicos concluyeron que el EIA "carece de información relevante y esencial".
En estos momentos, las represas están en el centro del debate nacional. Algunos actores plantean que, en caso de no materializarse la iniciativa, se pondrá en riesgo la seguridad energética de Chile, que importa 72 por ciento de la energía que consume en forma de gas, carbón y petróleo.
"HidroAysén es un proyecto estratégico, que pretende dotar a Chile de energía limpia, renovable y de menor costo, contribuyendo al desarrollo sustentable", argumenta la firma.
Un sondeo encargado por la propia empresa, divulgado en octubre, indicó que 51 por ciento de los consultados estaban a favor de la construcción de las represas, mientras que 29 por ciento manifestó su desacuerdo.
Por otra parte, el 16 de este mes el diario local La Tercera afirmó que el reputado asesor de imagen contratado por el gobierno, el británico Simon Anholt, llegó a la conclusión de que las centrales van en contra del concepto que Chile quiere proyectar como país que protege su riqueza natural.
La tesis la habría planteado en una reunión privada que sostuvo con empresarios y líderes de opinión en Chile.
No obstante, los cálculos de la empresa indican que la decisión definitiva la tomaría el próximo gobierno que reemplazará al de Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo de 2010.
"Mientras el proyecto no sea absolutamente rechazado y desechado como parte del futuro energético del país, el Consejo de Defensa de la Patagonia seguirá trabajando", adelantó Sara Larraín.