El cerro Tamboraque ha salido del anonimato de la peor manera. Ha dejado de ser solo una elevación caprichosa de nuestra geografía andina situada a 90 kilómetros de Lima, en San Mateo de Huanchor (Huarochirí), para convertirse en una amenaza para toda la capital: el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte que existe alto riesgo de deslizamiento de 638.000 toneladas de relaves mineros depositados en sus faldas. Si se precipitaran, los desechos envenenarían las aguas del río Rímac --la principal fuente de agua de la capital--, dañarían a las poblaciones aledañas y bloquearían la Carretera Central.
A pocas semanas para el inicio de la temporada de lluvias en la sierra central y luego de cinco meses de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declarara la zona en estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo alerta que las medidas adoptadas por la compañía minera San Juan S.A. y las quince entidades estatales comprometidas no permiten controlar aún el peligro descrito.
El Indeci recomendó que los pobladores de la comunidad campesina de San Antonio, que viven en la parte alta del cerro Tamboraque, suspendieran el riego de sus cultivos porque afectaba la estabilidad de los suelos. Ellos cumplieron, pero la remoción de los desechos mineros (hierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas) del cerro aún está pendiente.
De acuerdo con la minera San Juan, que opera en el distrito, el 30% de los relaves ha sido trasladado a pozas de contingencia ubicadas al norte y sur de la misma zona del relave. "Sin embargo, todavía no se ha garantizado la estabilidad del talud ni reducido los impactos ante un eventual deslizamiento de la ladera del Tamboraque", apunta Lucila Pautrat, comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
La quebrada Chinchán (Chicla), ubicada a unos 30 kilómetros al este de San Mateo de Huanchor, es la zona escogida por la minera para trasladar en forma definitiva los relaves, pero aún no ha concluido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para ello. En un informe preliminar elaborado por la empresa se advierte que los centros poblados Chinchán, Embarcadero y Tres de Enero se encuentran ubicados en el área de influencia directa de la zona de 40 hectáreas donde se depositarían los desechos mineros y que el suelo, el agua y los pastos serían afectados.
Según el plan de contingencia, el traslado de los desechos a Chinchán debería terminar en diciembre próximo. Sin embargo, este plazo no se cumplirá porque el 13 de este mes la PCM prorrogó por segunda vez y por 60 días más la declaratoria de emergencia en Tamboraque para que se pudieran concretar trámites y medidas comprometidas.

UN ALTO COSTO PARA LIMA
Para los pobladores de San Mateo de Huanchor, el estado de emergencia no se inició en julio pasado sino hace más de dos décadas, cuando los relaves mineros fueron depositados en su distrito sin ningún control y contaminaron el aire que respiran y las tierras agrícolas aledañas. "Primero estuvieron en Mayoc, en medio de la población, y luego la minera los dejó en el cerro Tamboraque. Advertimos de los peligros y el tiempo nos dio la razón", señala Rolando Cairo, gerente municipal de San Mateo.
Las consecuencias de este problema ambiental las pagan con su salud las familias de este pequeño distrito, pero también Sedapal con el dinero de todos los limeños: la empresa de agua tiene que invertir casi un millón de dólares anuales solo en químicos para limpiar el agua del Rímac antes de potabilizarla y calmar la sed de los ocho millones de limeños.
Sin embargo, recién en julio pasado, cuando el problema cobró la dimensión que hoy tiene, la PCM instaló un comité de crisis encabezado por su secretaría de Descentralización e integrado por 16 entidades.
Este comité se reúne cada semana y ha elaborado un plan de contingencia con 35 tareas específicas que contemplan acciones previas, simultáneas y posteriores a la ocurrencia de deslizamientos. El problema es que la mayoría de las medidas de prevención no se lleva a la práctica.
A Osinergmin, junto con el Ingemmet y la minera San Juan, le corresponde vigilar el comportamiento geodinámico del agrietamiento y deslizamientos en el cerro Tamboraque. Le consultamos esta semana sobre dicha tarea, pero no respondió. La que sí lo hizo fue la minera San Juan que, según el cuestionario respondido a este Diario, ha instalado una red para el monitoreo de la napa freática y el movimiento del terreno del cerro, cuyos reportes se entregan diariamente a las autoridades. Señaló también que ha implementado un sistema de drenaje para secar el terreno en el área afectada y construido el área provisional.
Aunque la minera no permite el ingreso al área de emergencia, desde el cerro vecino al Tamboraque es posible divisar los deslizamientos y las grietas del cerro.
Solo 15 de 106 vertimientos están autorizados en la cuenca del Rímac
El río Rímac nace en las alturas de Ticlio y recorre las provincias de Lima y Huarochirí en una longitud de 140 kilómetros. A lo largo de su recorrido, el Río Hablador es contaminado por desagües domésticos, efluentes mineros, industriales, de granjas y camales y botaderos de residuos sólidos.
De acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), publicado en julio de este año, en la cuenca del Rímac se han identificado 106 vertimientos, de los cuales solo 15 cuentan con autorización vigente.
Hay otros 47 que no fueron autorizados, 15 que se encuentran en trámite y 27 de empresas que ya fueron sancionadas por verter sus residuos sin autorización y previo tratamiento. Además hay 15 botaderos en las riberas del río y un relleno sanitario, según el reporte de la Digesa.
Desde el 2005, el Estado está obligado a encargarse del tratamiento o disposición de los pasivos de minas abandonadas en las que no es posible identificar a sus titulares o los que dejan los propietarios cuando se decide cancelar su concesión. Sin embargo, luego de tres años comprobamos que poco se ha hecho al respecto en la cuenca del río que calma la sed de los limeños. De acuerdo con un informe del Ministerio del Ambiente, en el Perú existen alrededor de 1.900 pasivos ambientales generados por el sector minero en diferentes partes del país. Para remediarlos se requiere hacer una inversión de US$400 millones.

EN PUNTOS
4El agua de la cuenca del Rímac es cada vez menos apta para fines de potabilización por la alta carga bacteriana y la presencia de metales que hay que remover.
4El comité de crisis es integrado por los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Ambiente, Salud, Vivienda y Transportes, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Sedapal, la minera San Juan, Ferrovial Central Andina, dos municipalidades , los regantes, el Gobierno Regional de Lima y el Indeci.

PUNTO DE VISTA
De la emergencia a la gestión*
La falta de regulación ambiental en el pasado nos ha dejado como herencia relaves y otros pasivos mineros en todo el país. Más de 600 se han identificado como abandonados, muchos de los cuales siguen liberando minerales y aguas ácidas, afectando o poniendo en riesgo ríos de la importancia del Rímac o del Mantaro, y junto a ellos a los habitantes de dichas cuencas. Ahora se exige un proceso ordenado y responsable de cierre de las operaciones mineras bajo reglas y procedimientos que deben seguir mejorando. Los esfuerzos realizados para atender este problema son meritorios, y ya son varios los millones de soles que se han invertido en el tema y otros tantos los que se proyecta gastar. Pero el déficit de atención sigue siendo muy grande y los instrumentos aún limitados. La Defensoría del Pueblo viene insistiendo en que una gestión ambiental apropiada debe evitar que algún pasivo termine generando, como en el caso de Tamboraque, una emergencia. Pero, si esto ocurriera, se requieren mecanismos que impidan la concreción de la amenaza, protegiendo la salud de las personas y el ambiente.
* Iván Lanegra. Defensoría del Pueblo