Contaminar ya no será una ganga en Santa Fe, donde el Poder Ejecutivo enviará a principios de diciembre un proyecto de ley para que trate la Legislatura –en el período de sesiones extraordinarias– en el que se prevé que el valor máximo de las multas será 23 veces más elevado que en la actualidad. Hasta ahora, el Estado estaba imposibilitado de clausurar una fábrica que transgrediera alguna norma medioambiental, y la sanción máxima que podía imponer –después de un extenso recorrido burocrático, que incluía apelaciones– era de sólo 43 mil pesos. Si se toma el caso de la aceitera Vicentín –donde en febrero pasado se produjo un derrame de biodiesel–, la empresa tendría que pagar en concepto de multa el 0,0012 por ciento de lo que exportó en 2006, que alcanzó los 3.455 millones de pesos, un monto que posicionó a la firma originaria de Avellaneda en el top ten de las firmas que más venden al exterior.
César Mackler, secretario de Medio Ambiente de la provincia, quien realizó junto con técnicos de la Nación el viernes pasado una inspección a la planta de Celulosa Argentina, anticipó a Crítica de Santa Fe que si se aprueba la nueva normativa, “el valor de las sanciones económicas irá aproximadamente desde mil a un millón de pesos, de acuerdo a la gravedad del daño ambiental”.
Según el proyecto de ley que elaboró esa cartera, el precio de las multas se aplicará en relación con el precio del litro del gasoil. Se decidió poner como parámetro este combustible para evitar que los montos queden desactualizados por el proceso inflacionario.
“Las multas irán desde un valor equivalente de 384 a 384.000 litros de gasoil”, puntualizaron desde la Secretaría de Medio Ambiente. Hoy el precio de este combustible es de 2,40 pesos, por lo que el monto de los castigos oscilará entre 921 a 921.600 pesos.
En Santa Fe está vigente la ley 11.717, que entró en vigor en septiembre de 2000, durante la gestión de Carlos Reutemann, pero que luego sufrió varias modificaciones y reglamentaciones hasta alcanzar la versión actual en 2003, durante la administración de Jorge Obeid. Pero la normativa, que en su momento tuvo fuertes cuestionamientos, nunca sirvió como una herramienta sólida para evitar y castigar a aquellos que provocaran daños ecológicos.
Desde el arranque de la gestión Binner está firme la decisión de establecer mecanismos para incrementar las sanciones, por lo menos 10 veces más a las que rigen actualmente. Pero tras un análisis del tema se decidió que los montos máximos fueran 23 veces más elevados.
Además de la sanción económica, lo que establece la iniciativa es garantizar al Estado las herramientas jurídicas necesarias para poder llevar adelante la clausura de un establecimiento que eventualmente produzca daño al medio ambiente. Y este es uno de los puntos que más importancia le dan en el área que Mackler conduce.

Bañados en biodiesel. Un ejemplo para percibir la permisividad que existía desde el Estado es el caso del derrame de biodiesel que se produjo el 15 febrero pasado en la planta que Vicentín posee en el cordón industrial del Gran Rosario. Consistió en una fuga de 200 mil litros de biodiesel en la sala de máquinas de Renova, la planta que se inauguró en octubre de 2007 en el predio que Vicentín tiene en San Lorenzo. Para insertarse en el negocio de la exportación de combustible vegetal, la empresa de capitales santafesinos se asoció con la multinacional suiza Glencore, con la que quienes invirtió $40 millones en una planta que detenta una capacidad para producir 220 mil toneladas anuales de biodiesel, y 110 mil de aceite refinado.
Cuatro días después de que se produjera el derrame, una delegación de las secretarías de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación realizó una inspección en la planta. Confirmaron que el problema había sido mucho peor que lo informado en un principio por la compañía, que en todo momento había minimizado lo ocurrido.
Los técnicos lograron reconstruir el recorrido que hizo el biodiesel, desde que se derramó en la sala de máquinas de Renova hasta que desembocó en el río, a través de un canal de dudosa legalidad que está junto al camino de acceso al complejo exportador. Por lo que señalaron los peritos, tras rebasar la sala de máquinas, donde llegó a haber cuatro metros de ese fluido, el combustible recorrió más de 80 metros hasta alcanzar la calle de acceso a la planta y desembocar en un canal que lo llevó hasta el Paraná. En el río formó una mancha de cientos de metros que llegó horas después a la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas SA (Assa). El 16 de febrero, en Assa tuvieron que montar un plan de emergencia para evitar que el biodiesel (que formaba una película de un milímetro sobre la superficie) incidiera en la calidad del agua. Y ejecutaron un proceso de carbonización del agua para decantar el combustible que había ingresado a las piletas donde se realiza el proceso de potabilización.
Este problema no sólo contaminó las aguas del Paraná, sino que también le generó al Estado provincial un gasto importante al poner en marcha un plan de emergencia en la planta potabilizadora, que se halla en el barrio Arroyito, del norte rosarino.
Por todo este hecho, que pudo ser más grave aún, a la empresa se le abrió un expediente cuya sanción económica no podrá ser mayor a 43 mil pesos. De ahora en adelante, si los legisladores lo aprueban, un derrame de esos podrá costarle bastante más.