El 22 de noviembre de 2007, el proyecto de los diputados del ARI Marta Maffei, Carlos Raimundi y Delia Bisutti llegó a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que preside el kirchnerista Daniel Filmus. La norma propiciaba la prohibición de toda actividad que pudiera afectar la condición natural de los glaciares y que pueda implicar su destrucción o traslado. Además proponía realizar un inventario de todos y cada uno de los glaciares del país.
Casi un año después y frente a todos los senadores, Filmus lo defendió en el recinto: “Hablamos de uno de los temas más importantes de la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos a las reservas de agua de nuestro país” decía. El trámite de aprobación duró minutos. Cuarenta y siete senadores levantaron la mano y sólo tres dijeron que no: Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, de San Luis, y Roberto Basualdo, de San Juan, la provincia que estaba destinada a perder millones de dólares de la explotación minera si esta ley seguía vigente.
Pero días después, Cristina Fernández de Kirchner lo vetó a través del decreto 1.837/2008 -publicado el pasado 11 de noviembre en el Boletín Oficial-, dando así marcha atrás a la ley de Protección de Glaciares que el Congreso de la Nación sancionó el pasado 22 de octubre. Al parecer, el poderoso lobby empresario minero se volcó con éxito sobre el Gobierno nacional y logró que continúe sin protección el enorme reservorio de agua dulce que se extiende a lo largo de la Cordillera.

Los negocios que enturbiaron la ley
El veto de Cristina se justificó en que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. Traduciendo: la provincia del senador justicialista José Luis Gioja -San Juan- es la meca de la minería en la Argentina. Existen en ella más de 180 proyectos mineros de los cuales el 90% está ubicado en zonas de glaciares. El legislador puso el grito en el cielo al enterarse de la iniciativa porque afectaría las inversiones mineras que hay en su provincia: los glaciares no son sólo reservorios de agua, sino también de oro, cobre y otros minerales.
El caso más emblemático que atañe a esta ley es el del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo operado por la poderosa multinacional Barrick Gold en la frontera entre Chile y San Juan. Y los expertos, en este punto, objetan y reiteran que “detrás del veto está el gobierno sanjuanino”.
En tal sentido, consultado por Hoy, Isidoro Schalamuk, científico e investigador, se manifestó a favor de la protección de los glaciares, señalando la situación de peligro en la que se encuentran muchos glaciares por los cambios climáticos, y sobre todo por la acción del hombre, que los altera por los emprendimientos comerciales mineros. “Me llamó la atención el veto de Cristina”, expresó el especialista, al tiempo que advirtió que “en las zonas de glaciares debería extremarse la protección, porque los glaciares son reservas de agua dulce”.

“Sería muy peligroso que no salga la ley”, consignó Schalamuk.
En lo concreto, la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama (en manos de la empresa canadiense mayor productora de oro del mundo, que en años atrás contó con la presidencia honoraria de Bush padre) propone demoler parte de los glaciares andinos para extraer los grandes depósitos de oro que han sido descubiertos allí, detonando y trasladando de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. La fortuna sería de tres mil millones de dólares.

Las reacciones al veto
El veto despertó la indignación de ambientalistas y opositores, en los que no tardaron en despertarse las sospechas de motivaciones fiscales y de negocios que habría detrás de la decisión. Sin embargo, muchos fueron los funcionarios que apuntaron a que trabajarán para que se reinstale el debate en torno al tema a instancias del recinto de sesiones. La diputada Griselda Baldata, de la Coalición Cívica, se posicionó en tal sentido, así como el legislador kirchnerista Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales. Para ser ratificada, la ley de Glaciares debería conseguir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, por lo que tendría que ser avalada nuevamente por el Frente para la Victoria, y en este punto aún no hay certeza sobre cuán viable es que la mayoría del oficialismo lo apoye.
“La Presidenta debería saber que el agua es un recurso escaso y con estas políticas condenan a las presentes y futuras generaciones”, acusó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que integra la comisión de Minería de la Cámara baja. La legisladora agregó “durante toda su gestión, los Kirchner mantuvieron los beneficios económicos que las empresas mineras poseen desde la década de ‘90”. También la diputada mendocina Amalia Monserrat (Consenso Federal) presentó el jueves pasado en la Legislatura de su provincia un proyecto de ley de protección de los glaciares como “réplica” a la decisión de la Presidenta de vetar una norma similar a nivel nacional.
“El veto de Cristina fue totalmente sorpresivo” dijo a Hoy por su parte el investigador del Conicet Marcelo Mana-
ssero, especialista en problemas ambientales de calidad del agua. Afirmó que en el veto de Cristina “se reflejan las presiones económicas lógicas que existen en torno al agua potable”y explicó, además, que cada vez son más los acuíferos y los glaciares buscados por empresas internacionales, ya que potabilizar es caro y el agua de estas fuentes tiene el valor intrínseco de no necesitar tratamientos para su uso.
El investigador indicó que tras el veto de la ley se evidenció el “conflicto de intereses” que existen en torno al recurso. “Preservarlo es lo más ambientalmente sustentable, en el tiempo el agua va a valer más que el petróleo” dijo. Además aseguró que “es importante que un país genere políticas cuidando de sus recursos, es un tema complejo y debatible, porque evidentemente hay muchas inversiones vinculadas a ese recurso y numerosas variables de intereses”.
“El agua es un recurso de todos los argentinos, el rol del Estado es preservar los recursos naturales para las próximas generaciones” expresó Manassero. Las presiones económicas, según el especialista, llegaron a la Presidenta y tuvieron injerencia en su decisión de vetar la normativa.
¿Podrán seguir impunemente prevaleciendo los negocios por sobre la protección de los recursos, y más aún, por sobre los intereses nacionales? Se sabe que varios países asiáticos ya comenzaron a exportar agua, y la futura escasez del recurso podría posicionar al país como el principal reservorio de América Latina. Eso sí, si la política de priorizar el negocio inmediato comienza a ser revertida, de lo contrario, seguiremos haciendo agua.

Junín también tomó postura respecto de los glaciares
Los concejales del Bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo del partido de Junín presentaron un proyecto de comunicación dirigido a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación peticionando den su voto positivo a la ley 26.418 de Presupuestos mínimos de Protección a los Glaciares.
En el proyecto, manifestaron que “solamente el 2,6% del agua del mundo es agua dulce. El futuro de nuestros hijos y las nuevas generaciones está en riesgo ante el déficit de abastecimiento de agua dulce en el planeta en los próximos 42 años”.
Además, señalaron que “un grupo de investigadores en Glaciares y permafrost ha patrocinado la sanción de la ley de Glaciares y permafrost en la convicción de que los mismos son un recurso natural que debe ser preservado para el desarrollo y el futuro de muchas regiones del país”, así como recordaron que “esta ley ha sido votada por unanimidad en ambas Cámaras legislativas, ha sido vetada por la Sra. Presidenta de la Nación desconociendo la unanimidad del Poder Legislativo, lo que le da contundencia a la decisión de un poder independiente”.
“Los proyectos mineros son contaminantes y utilizan para su desarrollo una gran cantidad de agua. Las regalías que estos producen son ínfimas por la falta de controles exhaustivos en la cantidad en que se extraen y en los recursos económicos que estos generan para la Nación y las provincias en cuyos territorios se hace la explotación, configurando una mala ecuación con relación al daño ecológico que provocan” aseguraron los ediles al respecto.

Al Gore se metió en la polémica
La decisión de la presidenta Cristina Fernández también fue criticada por Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), quien integró el grupo de científicos que en 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, por su contribución en el estudio del cambio climático en el planeta.
Villalba aseveró que la norma vetada protegía áreas “fundamentales para la provisión de agua dulce”. Además, aseguró que la ley no buscaba perjudicar los intereses de las empresas mineras, como fue presentada en el sector, sino “proteger” las fuentes de agua dulce, por lo que la decisión oficial es, a su criterio, “lamentable”. “Los glaciares no son negociables. Hay que protegerlos
porque son fundamentales para las economías agrícolas”, afirmó Villalba, El director del Ianigla reiteró que la norma procuraba fijar “una zonificación” de la región a custodiar y que la cordillera de los Andes tiene “miles de kilómetros en los que se puede hacer cualquier actividad, no sólo minería” sin que signifique un perjuicio ambiental.