La nueva Ley de Aguas se analiza a cuentagotas. Grupos sociales y campesinos lanzan opiniones a favor y en contra del proyecto de articulado, que reemplazará a la vieja Ley, emitida en 1972.
La propuesta de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) incluye tres ejes. El derecho humano al recurso, la gestión pública-comunitaria y la creación de una autoridad única del agua son la base, según explica Jorge Jurado, secretario nacional del Agua.
Sin embargo, hay varios temas que abren el debate. Para César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, la Ley tiene aristas que deben pulirse. “Hay apertura a la privatización del agua. Eso va en contra de la disposición constitucional que establece que el agua es un bien público, que debe ser administrado por la comunidad”.
Por ello propone que una superintendencia de servicios públicos, en la que los usuarios tengan voz y voto, vigilen el manejo del agua y su saneamiento. Esto tanto en ciudades como en el campo.
Este último punto, el suministro de agua para las zonas rurales, es otro de los temas que, según Nelson Fuentes, miembro de la Corporación Nacional de Usuarios del Agua (Conagua), está en el limbo. “El manejo de agua para riego ha colapsado, no hay un organismo de control visible”.
De acuerdo con cifras de la Conagua, solo el 40% de los habitantes de áreas rurales del país tiene acceso a sistemas tecnificados de distribución del líquido para consumo y riego. “Hay desigualdad en la entrega. El pequeño y el mediano productor del campo no son partícipes de este recurso”.
En las grandes ciudades, las falencias en el reparto se relacionan con el costo del servicio. Luis Gómez, presidente de la Confederación del Barrios del Ecuador (Conbade), asegura que esta problemática se enfoca en las zonas urbano marginales.
Como ejemplo cita al noroeste de Guayaquil. En ese sector, donde viven cerca de 700 000 personas, el 85% de la población compra agua a los tanqueros. Por cada tanque pagan USD 0,80. “Según normas técnicas y de salud, cada persona debe utilizar 150 litros de agua diarios para consumo, limpieza y servicios. En las zonas populares se consumen 25 litros, con el riesgo de que usan el agua dos o tres veces para limpieza”
De ahí que múltiples sectores sociales apuestan por la fórmula del mínimo vital gratuito: un consumo básico de 5 m³ por mes, sin ningún costo, más la aplicación de una tarifa diferenciada de entre USD 0,10 y 0,12, si se excede este límite fijado.
Según Gómez, ese es uno de los puntos que aún no se incluye en la nueva Ley de Aguas. “No hay un componente técnico, económico y social, sino que se fijan valores en función de cuánto debe dar la venta del agua como renta”.
El Subsecretario de Participación Ciudadana, Víctor Argoti, cree que la socialización de la Ley es la clave para limar y agrupar todas las propuestas. “La idea es que este tipo de temas ya no se discuta en los pasillos del Congreso, sino en las calles”. Y añade que por ahora un mapeo de cuencas facilitará su administración a futuro.
Sobre este tema, la Senagua pondrá en marcha un plan nacional de manejo de cuencas. En el proyecto piloto se definirá la creación de organismos que administren las cuencas hidrográficas.
De acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría del Agua, el Ecuador tienen 79 macrocuencas, 380 cuencas medianas y unas 800 microcuencas. El objetivo es que este recurso ya no sea utilizado sólo para labores de riego, sino también para abastecimiento del consumo humano y en la generación de electricidad.
Las cuencas de los ríos Esmeraldas, Guayas, Pastaza, Jubones y Paute serán analizadas en una primera fase. El costo total de los proyectos es de USD 21 millones y se extenderá por dos años y medio. El análisis abarca el levantamiento de información hídrica de cada cuenca, así como la definición de mecanismos para garantizar la calidad de la fuente.

El agua en cifras
60 000 juntas y directorios de agua dan el suministro a comunas del área rural del país. La cifra abre la puerta al manejo público-comunitario del recurso.
Cerca del 50% de la población nacional no tiene acceso a agua entubada ni a alcantarillado. Mientras que el 50% del agua
potable que se vende en el país no cumple con las normas INEN, según datos de la Senagua.