Muy poca trascendencia, más allá de los ámbitos vinculados a su contenido, tuvo el veto aplicado por la Presidenta de la Nación al proyecto de ley sobre protección a glaciares y ambientes periglaciares, iniciativa que había tenido la aprobación unánime en ambas cámaras del Congreso y que volverá a Diputados para su tratamiento con vistas a una aprobación o rechazo definitivo.
La resolución de la jefa de gobierno ha causado un marcado disgusto en las entidades que entienden en el estudio del tema y en aquellas que procuran que nuestro país avance en el uso racional de nuestros recursos naturales, ya que el proyecto de ley garantizaba el inventario, monitoreo y protección de los campos glaciares de la Argentina, que son muchos e importantes.
La ley vetada tenía como puntos fundamentales "la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, por el cual debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo periódico". Además establecía la prohibición de que "en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales".
El veto presidencial hizo hincapié en lo contradictorio del texto con la legislación vigente, sin embargo quienes defienden el proyecto señalaron que, por el contrario, la ley vetada es aclaratoria y complementaria de los instrumentos jurídicos existentes, dando base firme al desarrollo sustentable que se persigue en materia de recursos naturales.
El texto del veto abunda en conceptos discutibles: afectación del desarrollo económico, impedimento de obras de infraestructura, problemas limítrofes, etc. Conociendo los poderosos intereses económicos que están en juego, es inevitable vincular esta sorprendente decisión de vetar una norma que buscaba amparar sitios de interés ambiental y reservorios inapreciables de agua dulce con una maniobra de esas mega-corporaciones multinacionales.
El tema, y lo sugestivo del veto, no pueden dejar de relacionarse con lo que ocurre en Chile, donde una trasnacional minera propuso fragmentar y "trasladar" -aunque parezca descabellado, es así- un glaciar que alimenta a uno de los ríos económicamente más productivos del país, el Elki. Esta formidable e impredecible agresión a la naturaleza obedece, obviamente, a la existencia de un filón metalífero por debajo de la masa de hielo.
Ya han empezado a conocerse los severos problemas ambientales que la gran minería está provocando en muchos puntos del país. Hasta ahora el poder público no ha tomado las medidas consecuentes a la gravedad de lo que ocurre. El caso de la ley vetada podría estar advirtiendo que no hay límite para las desmedidas ambiciones en la materia, pero también -y esto el gobierno debería considerarlo- la posibilidad de un marcado desprestigio político ante una medida impopular y nada clara.