El grupo EsCalera, integrado por organizaciones sociales y representantes del sector privado de la ciudad de La Calera, presentó la semana pasada al intendente Juan Domingo Etchepare un extenso proyecto de reglamentación de la ordenanza N° 059 que en 2001 creó la Reserva Hídrica y Recreativa Bamba.
El predio protegido está constituido de unas 20 mil hectáreas y ocupa áreas que corresponden no sólo a La Calera sino también a municipios como Saldán y Malagueño. Al sur del río Suquía (que lo divide en dos) se superpone con el 90 por ciento de los predios propiedad del Tercer Cuerpo de Ejército, de jurisdicción nacional.
“Es una reglamentación que tiene un alto grado de complejidad, por las características de la reserva”, indicó a este diario el coordinador de EsCalera, Atilio Palacios.
Es que el predio comprende ambientes disímiles como áreas de quebrada, lomadas, vallecitos serranos y una “gran heterogeneidad de uso”, explicó Palacios. “Conviven áreas destinadas a minería, a ganadería, a uso urbano”, enumeró.
El proyecto tiene dos particularidades. Por un lado, es fruto del trabajo participativo durante tres años de las organizaciones que integran EsCalera (Museo de Usina Molet, ADIF, Fundación Diquecito, Asociación de Protección del Ambiente Serrano filial Calera, Cámara de Turismo de Calera y Rotary) y de la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Cátedra Abierta de Montaña.
Por ese motivo, el subdirector de Areas Naturales Protegidas de la Provincia, Carlos Bazán, calificó a la iniciativa de “ejemplo de participación ciudadana”, en el acto de presentación del lunes pasado.
En segundo lugar, la reglamentación propone la convivencia normada de los distintos usos del suelo, con especial énfasis en la defensa de las fuentes de trabajo, incluso en el caso de la actividad minera, que suele ser resistida en ámbitos ambientalistas.
Esta posición incluye también a los desarrollos inmobiliarios como countries, que no estarían prohibidos pero sí condicionados. Con respecto a la minería, el proyecto propone mantener las explotaciones abiertas pero limitar las nuevas excavaciones, explicitó Palacios. «El proyecto señala qué se puede hacer, que no, y de qué manera. Eso es lo que hace un ordenamiento territorial», sintetiza Palacios.
La complejidad de la reglamentación no se agota en la heterogeneidad de usos del suelo y de actividades comerciales.
Casi la mitad de Bamba se superpone con el predio del Tercer Cuerpo de Ejército que el gobierno nacional tiene en carpeta convertir en Espacio Nacional de Interés para la Conservación (ENIC). Para Palacios, el ENIC es un paso “necesario” para ampliar la cantidad de superficie que el país está obligado (por acuerdos internacionales) a mantener como reserva.
En la actualidad, contando los ENIC declarados en 2007, Argentina tiene protegido el 6,78 por ciento de su territorio. Según lo firmado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, en 2002, el porcentaje debe llegar al diez por ciento en el año 2015.
“Hay un compromiso del país a aumentar la extensión protegida en el territorio nacional», recordó el titular de EsCalera, y destacó que el ENIC permite que, «a sola firma», los predios del Tercer Cuerpo queden protegidos y se aumente la extensión preservada. «Es una buena decisión y hay que aprovecharla, subrayó.
Por ahora, la reglamentación de la Reserva Bamba está en manos del intendente Etchepare, que el lunes recibió una copia del proyecto, al igual que el titular del Concejo Deliberante, Rodolfo Kucbel. EsCalera espera que los tiempos sean breves, y que se llame a una consulta pública para mejorar la propuesta.
Por lo demás, la firma del ENIC sigue en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por el momento suspendió su visita a Córdoba, prevista para el 29 de noviembre, día en que iba justamente a firmar el decreto de conservación.