Para el secretario de Hacienda, Edelmiro Fassi, el tema le compete a la empresa ASSA. En contrapartida, la Agrupación Agua y Futuro, pide que se convierta en una cuestión de Estado.
No sólo este año, sino que ha ocurrido en anteriores aunque en menor proporción, la particularidad fue que mucho antes de que comience una nueva temporada estival, el servicio de provisión de agua potable ya era un problema para la ciudad.
En oportunidad de dialogar con el secretario de Hacienda municipal, Edelmiro Fassi, éste calificó que "el tema de la falta de agua es responsabilidad de empresa prestadora del servicio". Es decir, de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), que es una firma privada que administra el Estado provincial con accionistas que representan a las 15 localidades concesionarias del servicio.
"Después, si ASSA convoca a una charla con el Municipio porque tiene dificultades, bueno habrá que ver en su oportunidad de que se presenten más elementos a la dificultad", continúa Fassi en su explicación de responsabilidades, pero se interrumpe y aclara que en verdad "ya hay dificultades serias" pero "la principal responsabilidad de cubrir el servicio es de la empresa prestadora del servicio" asegura de manera concluyente el funcionario municipal.
Clarificando la postura expuesta, Fassi insiste con "la responsabilidad de la empresa provincial" y que luego se evaluará "si en algún momento la empresa provincial pide ayuda al Municipio. Pero la primera responsabilidad es de ellos –por la empresa-. Ellos tienen que suministrar una calidad de agua potable, tienen que tratar la red, si hay que reforzar ellos determinan los parámetros de calidad y de donde van a traer el agua con la cual van a reforzar; pero –enfatiza- es potestad de la empresa provincial", concluye el secretario de Hacienda.

En contrapartida
Los vecinos reparten como todos los años, responsabilidades al municipio y a la empresa. El Municipio encaramado en el dilema que mantiene por las promesas incumplidas y los pendientes del binnerismo, endilga responsabilidad absoluta al Gobierno provincial. En contrapartida, Vicente Ceballos, integrante de la agrupación rafaelina Agua y Futuro, dedicada especialmente al tema competente, tiene una mira alejada del ámbito político partidario pero asegurada en la historicidad de la problemática –donde indefectible y quizá indirectamente quedan implicados Gobierno y partidos. "El agua es una responsabilidad que le cabe al Gobierno municipal y eso no tiene nada que ver con el signo político, sino con la responsabilidad mayor de la conducción, cuidado y preservación de los intereses", sostiene Ceballos.
Planteándose el dilema sobre las responsabilidades inherentes a cada entidad implicada en el tema, desde la agrupación responde Ceballos que "uno debería preguntarse primero porqué se llegó a esta situación".
Una situación aclara, que en principio "ha excedido práctica o virtualmente el límite". Y recuerda que "hace 30 años, cuando se hizo el acueducto actualmente en funcionamiento, ya se sabía que no alcanzaba para cubrir la demanda de aquel entonces, por lo tanto había que pensar en otro acueducto u otro sistema".

Cuestiones y condiciones
"Cualquier persona que contrata a otra bajo determinadas condiciones ¿qué hace cuando la parte contratada no cumple con lo pactado?" cuestiona Ceballos respondiendo a las declaraciones de Fassi. "Porque no hubo denuncia formal del contrato, rescisión unilateral por parte del poder concedente de la provincia", explica al tiempo que se pregunta "¿Por qué no se actuó?" ya que según constata la empresa no tenía la obligación de construir acueductos, sino que "la empresa administraba". Al mismo tiempo Ceballos argumenta: "pero acá en Rafaela –al contrario de las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario que se proveían de agua gracias a la cercanía del río- era otra cosa porque tenían que traerla, mantener el acueducto, etc. Ellos cobraran lo mayor que podían para conceder esto", advierte desde la Agrupación Agua y Futuro, Ceballos. Al mismo tiempo vuelve a cuestionar: "¿Por qué no se exigió el cumplimiento en cuanto a la colocación de los medidores de agua?". Sostiene al respecto que a la empresa no se la obligó cumplir con el pacto firmado "de los 7 metros de presión para que la altura del agua llegara. Es decir una serie de incumplimientos, entre ellos la extensión del servicio, porque la empresa estaba obligada a hacerlo, no sólo el del agua sino subsidiariamente también el de cloacas".
Finalmente, Ceballos pregunta "¿Qué plan de emergencia tiene el Gobierno de la ciudad en el caso de que se rompa el acueducto?" ya que de acuerdo a sus percepciones esta situación está dentro de lo posible, teniendo en cuenta los estándares de duración de este tipo de obras, en donde existe una serie de datos y factores que indican el deterioro progresivo de esta estructura como otras.
De manera concluyente, Ceballos sostiene que "éste es un tema sobre el que no se trabaja, pero es necesario que tomar algún tipo de iniciativa. Ahora, esta nueva administración provincial estaría obligada a hacer el acueducto, ¿y que pasó en los años anteriores? Nada".