Con la sanción, el 22 de octubre de 2008, de la "Ley de Presupuestos mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial" (ley 26.418), Argentina iba a disponer de un primer instrumento para cumplir con su deber de cuidar nuestras fuentes de agua dulce. Pero el 10 de noviembre de 2008, con el decreto 1837/2008, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner vetó de manera incomprensible e inaceptable esta ley esencial para la protección de nuestro medio ambiente.
El texto de esta ley, elaborado con el asesoramiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), disponía dos medidas principales: la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera en los glaciares y en el ambiente periglacial saturado en hielo. Por lo tanto, la ley impedía la realización del mega-proyecto binacional Pascua-Lama, en la frontera argentino-chilena en la zona de San Juan. Detrás de este proyecto minero de una inversión inicial de 1500 millones de dólares, está la poderosa multinacional Barrick Gold, la cual hace un año patrocinaba eventos de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Este veto muestra una vez más que el gobierno elige privilegiar los grandes intereses económicos sobre la vida del pueblo. La presidenta no toma en cuenta el contexto internacional actual, de una preocupante escasez del agua; este recurso, además de ser fundamental para la vida, se está volviendo unos de los recursos estratégicos más importantes. En Argentina, todavía el 20% de la población rural no tiene acceso a una fuente mejorada de agua potable[1]. Esta situación contrasta de manera inadmisible con el uso irracional de este recurso por algunas empresas, como Minera Alumbrera Ltd, que consume alrededor de 100 millones de litros de agua diarios con el permiso de las autoridades públicas. En lugar de proteger nuestro medio ambiente, la decisión presidencial es continuar provocando daños irreversibles.
Además, los argumentos presidenciales son inadmisibles. Como lo reconoce la propia Presidenta en los fundamentos de su decreto, ese veto es producto de las presiones de los gobernadores de las provincias mineras, como José Luis Gioja de San Juan, y de la Secretaría de Minería de la Nación. Por otro lado, la Presidenta invoca la imposibilidad de hacer un inventario de los glaciares porque interferiría en la demarcación de las fronteras con Chile, sin embargo ese país ya posee un inventario de los suyos.
En primera instancia, esa ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y con sólo tres votos en contra en el Senado. Ahora, para rechazar el veto presidencial y que se promulgue la ley, se debe obtener los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, algo difícil de lograr a causa de las presiones del lobby minero y de la Presidenta sobre los legisladores.
La vida no se negocia, recordamos el reclamo permanente de las Asambleas de ciudadanos autoconvocados: "el agua vale más que el oro". Al lobby de las poderosas multinacionales mineras y de los gobernadores mineros, tenemos que oponer la unión del pueblo, y exigir a nuestros representantes que actúen con coherencia y responsabilidad, defendiendo el derecho a la vida y a vivir en un ambiente sano.

Fuente: Foro de Pensamiento y Construcción Social