La lluvia que ha caído durante los últimos días no solo arrasó plantaciones, casas e infraestructura, sino también esperanzas.
El impacto de las aguas crecidas sobre la producción aún no ha sido posible cuantificarlo, pues el mal tiempo lo ha impedido.
Un balance prematuro indica que hay puentes destruidos, diques severamente afectados y destrozos en las rutas nacionales en más de una veintena de tramos.
“De lo poco que sabemos, la ruta 36 (Bribri-Sixaola) está despedazada. De los fondos que se han activado para atender esta emergencia habrá que destinar una buena cantidad a repararla”, explicó David Meléndez, director de Atención y Prevención de Desastres del Ministerio de Transportes.
Pero si bien el estado de la infraestructura es alarmante, en los pueblos el panorama sigue siendo desolador.
Las casas en Matina, Batán, Sixaola, Talamanca, Sarapiquí y Siquirres pueden ser ubicadas solamente por sus techos y, en el mejor de los casos, la parte alta de sus paredes.
Más de 6.500 personas permanecen en los 78 albergues que administra la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Los cálculos indican que unas 30 mil personas han tenido que ser evacuadas.
Solo ayer los equipos de atención primaria entregaron al menos 2 mil raciones de alimentos, espumas para dormir y agua potable.
En algunos casos la altura que han alcanzado las aguas ha sido tal que solamente con el apoyo de los helicópteros que envió el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos ha sido posible entregar ayuda y movilizar heridos o enfermos.
A fin de facilitar la atención de los acontecimientos, este miércoles Francisco Antonio Pacheco, presidente en ejercicio, firmó la declaratoria de emergencia, con lo cual de manera inmediata se inyectarán ¢2 mil millones a la CNE.
Por su parte, el Ministro de la Presidencia hizo un llamado a las instituciones del Estado, para que trasladen los recursos que tengan disponibles hacia la Comisión.
El impacto de las crecidas de los ríos de la Vertiente Caribe ya ha sido valorado en una primera oportunidad por los bananeros.
El pasado martes en la tarde, representantes de la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano (Anaproban) se reunieron para esbozar lo que podría ser una estrategia para paliar los daños.
Como parte de las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo, ayer se envió al Congreso un contrato de préstamo por $65 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los recursos se prestarían a 15 años plazo con una tasa de interés del 6,22%.
La intención del Gobierno es que la Asamblea apruebe el empréstito en las próximas dos semanas, para atender los daños causados por la emergencia y mitigar las futuras catástrofes.