La voz de alarma salió de la Fundación Chadileuvú, a partir de un informe del geólogo Santiago Giai. El especialista remarcó que en la provincia no existe una ley que regule el uso sustentable del recurso.
La zona de quintas ubicada a lo largo de la avenida Perón, entre Toay y esta capital, y el área aledaña al predio del Tiro Federal, sobre el acceso este de Santa Rosa, estarían comprometidas. El uso sin control de las aguas subterráneas está comenzando a mostrar signos preocupantes, según el informe que presentó ayer el geólogo Santiago Giai, uno de los profesionales más prestigiosos de la provincia en la materia.
El licenciado Giai fue acompañado por el flamante presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, durante una rueda de prensa que se realizó en la tarde de la víspera, a las 17, en la sede de la entidad. La Fuchad, sobre la base del trabajo expuesto ayer, ya solicitó a las autoridades que tomen las medidas correspondientes para que el proceso que afecta a las napas freáticas de esta ciudad y también de General Pico (en su zona de quintas) se detenga.
"La explotación sin control de las aguas subterráneas trae efectos negativos. Uno de ellos es el descenso de los niveles estáticos; el segundo, el ascenso de aguas saladas; y el tercero, y más extremo, el agotamiento del recurso", explicó. La Pampa no tiene leyes que protejan el recurso del uso desmedido por parte de los pobladores, algo que sí ocurre en provincias como Mendoza, Córdoba y San Juan.

Ejemplo.
Giai describió el ejemplo mendocino, donde el órgano de contralor es la Superintendencia de Irrigación. Mientras en nuestro suelo cualquier persona puede realizar una perforación en su propiedad, en la provincia vecina antes del pozo es obligatoria la realización de una serie de trámites que incluyen hasta una declaración jurada donde debe constar para qué quiere utilizar el agua el vecino.
"El interesado en realizar la perforación debe presentar una solicitud elaborada por un director técnico, debe entregar los datos catastrales de la propiedad, una DD.JJ. sobre el uso y pagar un derecho. Una vez aceptada la solicitud, se publican edictos por si alguien quiere impugnarla; el vecino debe presentar un caudalímetro con el cual se controlará el uso; y recién entonces se autoriza la perforación, la cual, en sus etapas críticas, es inspeccionada por el Estado. El propietario del terreno donde se hace el pozo recibe una concesión de uso, donde se indica qué volumen (no caudal) de agua está autorizado a utilizar.

Acciones.
Sobre La Pampa aseguró que no existe una reglamentación semejante: "Cualquiera ejecuta una captación y extrae el volumen que le place, ignorando o sin importarle los efectos nocivos que puede causar". Como consecuencia del descontrol, las dos zonas de la ciudad de Santa Rosa mencionadas arriba ya presentan indicios de sobreexplotación, y se presume que en la zona de quintas ubicada en las afueras de la ciudad de General Pico estaría ocurriendo algo similar.
Ante semejante panorama, la Fuchad solicitó que se tomen una serie de medidas: sancionar una ley de aguas que de un marco jurídico y reglamentar la ley incluyendo clausulas penales para quien no cumpla con lo normado. En este sentido, Giai recordó que en la Legislatura existe un proyecto que lleva ya mucho tiempo esperando. "Urge sancionarlo antes de que caduque", sostuvo. La iniciativa es el Código Provincial Hídrico, un corpus legal elaborado por especialistas que contempla, entre otros puntos, el referido a las aguas subterráneas.
Otras de las acciones que recomendó la Fundación son identificar con precisión las áreas en las que se hace un uso intensivo del agua subterránea, tomar las medidas que técnicamente sean aconsejables para evitar el avance del proceso y tener en cuenta que la legislación nacional establece que el uso del agua potable, y los recursos naturales en general, debe ser sustentable, es decir, preservándose para su uso por las generaciones futuras.