A sólo dos meses de asumir, las nuevas autoridades de la municipalidad aumentaron la tasa de agua potable en un porcentaje inusualmente alto: 126%. Lo hicieron luego que se debatiera el tema en una audiencia pública con las que se inauguró una nueva forma de participación popular en las decisiones comunales que afectan la calidad de vida y el bolsillo de los vecinos. En esa audiencia quedó en claro que el precio del agua está retrasado y que el sistema de provisión, otrora superavitario -de acuerdo a un recordado informe de un concejal radical- produce hoy quebrantos a las ya exhaustas arcas municipales.
Pero el aumento no resuelve el problema estructural que varios lustros de descontrol y abandono han provocado en el aprovisionamiento de agua de la ciudad, (descontrol que tiene como directos responsables a quienes gobernaron esta ciudad sin ocuparse del tema). Es que Santa Rosa tenía previsto un sistema de provisión a través del acuífero de Anguil que se abandonó o poco menos cuando se anunció la farónica obra del Acueducto del Río Colorado (ARC) . Aquél sistema de provisión local, daba ganancias, mientras que el acueducto obliga a la ciudad a pagarle a una empresa estatal un agua cara, carísima, tanto que se ha resuelto subsidiar en un cincuenta por ciento.
Se impone, está claro, comenzar a recomponer la batería de pozos del acuífero ubicado al este de la ciudad, sobre la ruta 5 para que sea un verdadero reaseguro, no solo ante las frecuentes roturas del ARC sino además para que la ecuación económica pueda ser manejada por la ciudad y no por una empresa que puede caerse un día con que no subsidia más el consumo y vuelve a poner en crisis el sostenimiento económico de la provisión de agua.
La otra cuestión, y no la menor por cierto, es la terrible inequidad que representa cargar el aumento sobre una minoría de vecinos que son los que tienen, efectivamente, su servicio medido y lo pagan antes de su vencimiento. De acuerdo a un informe conocido en estos días realizado en base a datos oficiales, poco más de un tercio del servicio es efectivamente medido. El resto se divide entre los que no tienen caudalímetro o éste se encuentra fuera de uso. Si a este se agrega el porcentaje de incumplimiento en el pago de facturas, se está ante un castigo impiadoso a los vecinos cumplidores.
Esta situación no se puede mantener en el tiempo. El agua es un elemento indispensable para la vida y la sanidad pública, pero es aquí escasa y cara. Sostener como se ha oído hasta ahora que no se regulariza la situación con un plan de colocación masiva de medidores de agua por el alto costo de los caudalímetros, es insostenible. No puede ser ésta una excusa, no solo porque ese "ahorro" se le está cargando a unos pocos vecinos que pagan mucho más que una gran mayoría a los que se premia con el mínimo. Sino además porque el caudalímetro es un implemento indispensable, de acuerdo a la ordenanza, para la prestación del servicio y debe ser pagado por el usuario, con todas las facilidades que pueda ofrecer el municipio.
Los vecinos -los vecinos que pagan el agua medida, se entiende, el resto, que paga un mínimo, casi no los sentirá ni se preocupará- no pueden seguir siendo los que sostienen el sistema.
Por eso, mientras se resuelve la colocación de todos los medidores que faltan, sería deseable que el agua no medida, se proratee por las referencias que no se miden y así se cobre toda el agua que se produce para abastecerlos.