Según la página oficial de la Alcaldía, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, es la entidad “encargada de velar por el cuidado ambiental de Cali. Vigila el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y procura el bienestar de los ciudadanos bajo el principio de desarrollo sostenible”.
No obstante la prolija descripción, es claro que el Dagma no va más allá de lo que dice el sitio web. Por eso se explica la postración en la que están sumidos los siete ríos de la capital del Valle y el que desde hace más de dos años la urbe no cuente con una red de monitoreo ambiental para medir sus niveles de contaminación atmosférica. O que presente los niveles más altos de Colombia en contaminación sonora. Son ejemplos del abandono del medio ambiente de Cali, cuyo cuidado se ha reducido a la poda de las zonas verdes y a una disputa permanente con la CVC por la sobretasa ambiental que pertenece a la ciudad.
Por eso es acertado que el Director del Dagma le solicite al Alcalde y al Concejo que la entidad sea reestructurada. Además de nocivo, es inexplicable que una urbe de dos millones de habitantes no cuente con una autoridad del sector propia, que ponga orden y defienda la salud y el entorno de ese enorme número de personas. Para que no se quede en el papel, es necesario otorgarle el respaldo institucional que requiere. Esto es, dotarla del presupuesto y el personal suficientes para adelantar actividades educativas y sancionar a quienes violen la legislación sobre medio ambiente.
De ahí la importancia de que tanto la Administración Municipal como los concejales y la clase dirigente de Cali dejen de ver la ecología como algo de poca monta, sujeto al reparto clientelista y al que se puede castigar a la hora de recortar gastos. También debe quedar claro que ninguna reforma prosperará si se dirige a satisfacer apetitos burocráticos o a convertirse en botín, como ocurrió con los lotes que fueron pagados hace varios años en los Farallones, a pesar de ser propiedad de la ciudad. O el caso de la hacienda El Rubí, cuyo bosque natural fue pagado a precios de bosque industrial.
A todas estas consideraciones debe sumarse la urgencia de modificar las normas que obligan al Municipio a entregarle a la CVC la totalidad del recaudo de la sobretasa mencionada. Allí hay un desequilibrio que perjudica a Cali, exponiéndola a los caprichos de la entidad regional, aunque están claramente establecidas las jurisdicciones que le corresponden a la Alcaldía y a la Corporación. Sin embargo, no se puede desconocer que a la CVC le asiste la razón cuando asegura que podar las zonas verdes tiene más de ornato que de protección al medio ambiente.
Si Cali quiere recuperar sus ríos, disminuir los ensordecedores decibeles que deben soportar sus habitantes e impedir que el aire que respiran reciba 340 toneladas de material contaminante cada día, debe tener un verdadero Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Defender la calidad de vida de la capital vallecaucana empieza por detener la destrucción a que está sometido su entorno.