Este año, y varias veces, la Municipalidad estableció que desde el polo petroquímico y el área portuaria se han volcado al mar efluentes líquidos contaminantes. Pero no puede sancionar. Quien si puede, y debe, es la Autoridad del Agua (ADA), pero este diario no pudo determinar si lo hizo o lo hará.
Lo que sí se sabe es que ese organismo no delega la facultad de fiscalización que le pide la comuna. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Su presidente, Raúl López, no contestó a las preguntas que este diario le remitió por escrito (ver aparte).
El subsecretario municipal de Medio Ambiente, Sergio Montero, desde hace mucho tiempo reclama la firma del convenio por el cual la ADA delegue el control y la fiscalización. La tarea puede ser asumida por el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y el de Control y Monitoreo (CCyM), surgidos tras las emergencias ambientales de agosto de 2.000.
"Ante las perturbaciones o fluctuaciones que se advierten en las plantas, formalizamos la actuación, informamos y luego la ADA envía sus inspectores a corroborar. Después se entra en el marco sancionatorio. Pero como no siempre la respuesta es inmediata, no se llega a constatar lo que nosotros sí hemos hechos antes. Queremos que se salte ese paso intermedio y que se validen los controles municipales", indica Montero.
¿Qué pasa con el convenio? El funcionario comunal advierte que, tras varios años, se le pudo dar un formato pero que desde la ADA sólo se le responde que está en el área de Legales.
"Desde marzo, hemos intentado destrabar este trámite en muchas oportunidades. Se dice que están analizando el convenio y que se emitirá un dictamen al respecto, pero esto se dilata mucho", completa Montero.
Fernando Rey Saravia, coordinador del CTE desde hace tres años, enfatiza que para que los expedientes iniciados por contaminación generada por efluentes líquidos puedan terminar en sanciones, es preciso trabajar en forma conjunta con la ADA.
"Ni siquiera nos hemos sentado a evaluar el caso. No hay articulación entre el municipio y la Provincia si los organismos técnicos que pueden opinar sobre una materia no dialogan. Aquí --asegura-- no se pretende arrebatar funciones sino de resolver problemas de la ciudad y la región".
Rey Saravia no conoce sanciones para las faltas que comprobó el CTE y remitió a la ADA. "Insisto, sin diálogo, nunca habrá soluciones. Con las empresas sí lo hay, porque se dan cuenta de que causan algunos problemas y que deben invertir para modificar sus impactos".

Metales pesados
La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto cree que la ADA "claramente ha decidido no acompañar a la comunidad y beneficiar a las empresas del Polo Petroquímico con controles casi inexistentes y sin llegar a resolver los numerosos expedientes que ha iniciado la Municipalidad por haber detectado valores que superan, en algunos casos, notablemente lo establecido en la legislación, en parámetros tales como mercurio, fenoles, sólidos sedimentales y otros".
Hernán Zerneri, presidente de dicha organización no gubernamental, recuerda que hace dos meses le requirió a las empresas Solvay Indupa y PBB Polisur una urgente reunión con las autoridades para solucionar "lo antes posible, el aporte lento pero permanente de metales pesados que se realizan a través del canal colector del Polo hasta el estuario".
También dice que solicitó la construcción de una pileta de retención sobre el tramo final del canal cementado para eliminar los metales en un porcentaje importante.
"Se ha optado por no hacer esta obra, por seguir contaminando sostenidamente nuestra ría y confiar en que la ADA siga sin controlar estas actitudes", considera.
La postura de la Unión 20 de Agosto es respaldada por la Fundación Acquamarina y la Asociación Hermana Tierra.
Zerneri precisa que hace ocho años que las instituciones bahienses y whitenses trabajan para solucionar muchos de los problemas ambientales, "pero a veces nos topamos con rémoras de la administración provincial que tienen mucho título y poco presupuesto y personal, y, por sobre todas las cosas, no toman decisiones y terminan afectando a toda la comunidad".

Preguntas sin respuestas
Desde octubre pasado, este diario procuró que el presidente de la ADA, Raúl López, respondiera a un cuestionario remitido por correo electrónico, en el que figuraban, entre otras, las siguientes preguntas:

1. -- ¿Le parece que es posible atender con efectividad 32 partidos del sudoeste de la provincia con 10 técnicos, una camioneta y sin suficientes recursos económicos?

2. -- ¿Por qué se negó a la descentralización de funciones en el CTE, siendo que con las 10 personas que tiene el ADA en Bahía Blanca debe atender:
* El manejo de los cursos de agua y la administración de las cuencas.
* El control de la contaminación subterránea y superficial, de los vuelcos de efluentes industriales y de las industrias de tercera categoría (Polo Petroquímico, refinerías, etcétera).
* La autorización para asentamientos de cementerios-parque.
* El control del vertido sobre cursos de agua de líquidos cloacales.
* La recepción de trámites de explotación del recurso hídrico.

3. -- ¿Qué curso siguen las actas por contaminación a la ría por parte de empresas del polo petroquímico?

Dato
La ADA se constituyó a partir de lo establecido en la Ley 12.257. Es un ente autárquico de derecho público y naturaleza transdisciplinaria y cuya organización y funcionamiento se dispone sobre la base de la descentralización operativa y financiera. El Código de Aguas (Ley 12.257) es su instrumento legal, que tiene como objeto establecer el régimen de protección, conservación, mejoramiento y manejo del recurso hídrico de la provincia.