Con el calor agobiante que alcanzó los 40 grados de sensación térmica, la semana quizás fue interminable para muchos. Para quien no tiene agua, es peor. Como para los que habitan la Villa 31 bis. El juez Roberto Andrés Gallardo concedió un amparo a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que el gobierno porteño “garantice el derecho al agua” a siete manzanas de la villa. Sin embargo, la administración de Mauricio Macri apeló el fallo con el argumento de que no existe “elemento serio que acredite el peligro de demora”. Para la gestión PRO, la falta de agua corriente no lo es.
Tras apelar la medida cautelar, Gallardo fue recusado (una vez más) y la causa recayó en el juzgado de Elena Liberatori, quien reclamó a la Procuración porteña que informe qué medidas tomó la gestión PRO para darle solución “inmediata” al problema del agua. El gobierno porteño tenía un plazo de 24 horas para responder, pero optó por incumplirlo y no informar nada.
En su presentación, la ACIJ señaló que “hace años que el gobierno contrata un servicio de camiones cisterna” para los vecinos de la Villa 31 bis, que el macrismo pretende erradicar. “Esos camiones cisterna últimamente venían cada vez menos tiempo y hace una semana hubo un conflicto sindical por el que no vinieron en dos días”, explicó a Página/12 Luciana Bercovich, coordinadora del programa de villas de ACIJ. “Ponen los mismos camiones en invierno y en verano, y en verano obviamente la gente necesita más agua: llegan a la mitad del día y no tienen agua”, detalló.
“El reclamo lo interpusimos luego de varios pedidos administrativos, porque hay una zona de la 31 bis a la que no llega ninguna forma de conexión de agua por caños. La única forma de abastecerse de agua es por los camiones cisterna”, explicó. “También hicimos una presentación por el tema de las cloacas y son una vergüenza los argumentos que utiliza el gobierno porteño para no cumplir”, estimó Bercovich.
Gallardo concedió la medida cautelar el 21 de noviembre y ordenó al gobierno porteño “que se garantice el acceso al agua potable, que respete, proteja, atienda y garantice el derecho humano constitucional a la provisión de agua potable” para los vecinos de las siete manzanas afectadas. La medida fue apelada y el juez, recusado una vez más.
En la apelación del fallo, el Gobierno de la Ciudad argumentó que no se acreditó la “legitimidad” de ACIJ para actuar, que Gallardo prejuzgó y que “no se advierte la existencia de elemento serio alguno para tener por configurado el requisito del peligro de demora” en la falta de agua potable. También sostiene que el juez se extralimita en su medida, ya que es el Ejecutivo el que debe decidir cuándo es necesario hacer las obras para que tengan agua corriente. “Al ordenarse por vía cautelar que se garantice el agua potable de los vecinos de las manzanas en cuestión del barrio `villa 31 bis’, se ponen en crisis la potestad” del Ejecutivo, que vio “vulnerado su derecho a legítima defensa”.
El expediente recayó en el juzgado de Liberatori, que ordenó que el procurador Pablo Tonelli le informe “en el plazo de 24 horas” qué medidas se adoptaron para la “provisión inmediata de agua” a la villa 31 bis.
El funcionario PRO optó por no responder.