El agua subterránea, aquella que el hombre utiliza extrayéndola por medio de bombas sumergibles, molinos o bombeadores, puede agotarse o degradarse en su calidad si no se la explota racional y cuidadosamente. Los santarroseños conocen muy bien este problema pues lo padecen en carne propia: las perforaciones ubicadas en el centro de la ciudad tuvieron que ser desactivadas hace tiempo porque su explotación descuidada y abusiva las salinizó. En los últimos tiempos de su utilización, quienes se abastecían de esos puntos son testigos de que no era agua sino una suerte de salmuera lo que llegaba a los tanques de sus viviendas. Ese daño irreversible en una extensa área del acuífero ubicado debajo de la ciudad podría haberse evitado con un manejo adecuado del sistema de bombeo.
Ahora la Fundación Chadileuvú acaba de lanzar una voz de alerta sobre el mismo tema: la sobreexplotación del agua subterránea en otras dos áreas puede conducir a la misma calamidad. La situación crítica se comenzó a observar en la zona de quintas ubicada entre Santa Rosa y Toay y en el área residencial situada al este de la ciudad, en cercanías del predio del Tiro Federal. Ambos sectores se caracterizan porque sus propiedades poseen, por lo general, grandes superficies parquizadas y amplias piscinas, por lo tanto, el consumo de agua para el riego y el llenado de las piletas es muy elevado. Y el costo ambiental también.
El análisis de esta novedosa situación está respaldado por la seriedad de los profesionales que vienen actuando en el seno de la fundación. Varios de ellos aquilatan muchos años de experiencia profesional como hidrogeólogos en organismos públicos y empresas privadas.
La advertencia es seria. Si no se adoptan medidas preventivas no pasará demasiado tiempo para que de las bombas extractoras de esas viviendas no salga el agua de calidad que hoy beben esos vecinos sino una solución con alto contenido salino, con amargas consecuencias para sus propios usuarios.
El agua subterránea, como recurso natural que debe ser protegido, es un bien público. En el anuncio de la Fuchad a la prensa se citó a la provincia de Mendoza para ofrecer un ejemplo de cómo el Estado puede –y debe– velar por su preservación. Por estos días la Cámara de Diputados está procurando –bien que con una inexplicable demora– actualizar la legislación que regirá en la provincia sobre la materia. Es de aguardar que con esta inquietante novedad, nuestros legisladores impongan mayor ritmo y dedicación a su tarea para que el nuevo código de aguas pueda ser aprobado –y aplicado– a la brevedad.
Mientras tanto debería aguardarse, por parte de los vecinos que viven en las zonas en cuestión, una mayor grado de conciencia que los lleve a cuidar el agua que extraen del subsuelo y que no es de su exclusiva propiedad sino del conjunto social.
Si así no lo hicieren –no Dios y la Patria, que nunca demandaron a nadie– el nuevo corpus legislativo deberá contemplar los recaudos para que, del mismo modo que en otros lugares del país y del mundo, entre ellos los citados mendocinos, se impongan severas restricciones a la libre e irresponsable disponibilidad de un recurso vital para la vida humana, animal y vegetal de nuestro planeta.