La Defensoría emitió la Resolución 0226/08 el jueves pasado por la que “exhorta” al Gobierno que disponga los mecanismos necesarios para hacer cumplir el mandato del máximo órgano de la Justicia correntina.
Mueve el requerimiento de Mondino una solicitud del poblador querellante, Bruno Leiva, en la causa que de primera instancia cuyo fallo fue hasta por el STJ un año atrás, y por el cura párroco de Concepción Rubén Barrios.
Ambos se reunieron con el Defensor del Pueblo tras liderar junto a organizaciones que componen la “coalición no a los terraplenes” una protesta en el centro porteño, el Obelisco, que incluyó la presentación de una singular obra plástica titulada “el terraplén ilegal móvil”.
La medida fue calificada por la querella como “un espaldarazo” ya elevada a la administración local. La resolución de Mondino considera que “desde el año 2005, la empresa San Eugenio S.A.” no suspendió las obras.
viene construyendo un terraplén que inunda miles de hectáreas, afectando la vida de los pobladores del paraje Yahaveré, dañando irreversiblemente el ecosistema del Iberá y poniendo en grave amenaza de extinción a las especies que allí habitan.
El documento resalta “la reiterada desobediencia” de la empresa para acatar los fallos judiciales -el primero en el 2005- que ordenan la destrucción de la estructura y destaca los fundamentos del ST J en su ratificación.
Por último, el documento reitera que “resulta imperiosa la pronta ejecución” del dictamen judicial, ya que de no hacerse “se estaría frente a un caso de denegación de justicia”.