Mil veces se habló de su salida del Gobierno y mil veces se desmintió. Esta vez, no. Desde anoche, Romina Picolotti no es más la secretaria de Ambiente.
Cristina Kirchner decidió pedirle la renuncia luego de recibir un informe con una larga lista de "desórdenes administrativos", tales las palabras que utilizaron fuentes gubernamentales.
Clarín tuvo acceso a un lapidario resumen de los fallidos de la gestión de Picolotti que circulaba ayer por los despachos más importantes de la Casa Rosada. Allí se menciona el nombramiento de familiares y allegados en la Secretaría, una ejecución presupuestaria de apenas el 42 por ciento en lo que va de 2008, gastos de viajes de los funcionarios de Ambiente por 70 mil dólares en los últimos dos meses, deficiencias en la gestión de un crédito del Banco Mundial para el saneamiento del Riachuelo, falta de coordinación con los gobiernos provinciales para la redacción de la ley de glaciares (que fue vetada por la Presidenta) y acumulación de causas penales por malversación de fondos públicos.
A las 19 de ayer, Picolotti entró al despacho del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que le informó que Cristina estaba "desilusionada" con su trabajo, y que por eso daba por concluida su gestión.
En su lugar, asumirá Homero Bibiloni, ex subsecretario de Ambiente y hasta ayer secretario legal y técnico de la Municipalidad de La Plata (Ver pág. 5). Quizás más importante que su profuso currículum como abogado ambientalista es su excelente relación con los intendentes del conurbano. De hecho, es el asesor en temas medioambentales de la Federación Argentina de Municipios.
Picolotti había llegado a su cargo en julio de 2006 cuando el conflicto por la instalación de la pastera Botnia sobre el río Uruguay se le había escapado de las manos a Néstor Kirchner y necesitaba una persona que le devolviera credibilidad entre los ambientalistas.
El entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, creyó hallarla en Picolotti. Pero la abogada ambientalista no sólo no sirvió para aplacar el reclamo de los vecinos de Gualeguaychú, sino que se mostró ineficiente para solucionar casi todos los problemas que pasaron por sus manos.
En julio de 2007, cuando se cumplía una año de su gestión, Clarín publicó una investigación en la que se revelaban insólitos manejos del dinero público en el área de Ambiente. Picolotti había nombrado a su hermano como jefe de asesores y privilegiaba en los contratos al Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), una organización que supo presidir y que había dejado a cargo de su esposo, cuando asumió la Secretaría.
Aparecían ya entonces gastos millonarios en reformas edilicias, compra de equipamiento que nadie utilizaba y viajes a su Córdoba natal en jet privados.
Este año, en un hecho sin precedentes, la Corte Suprema intimó a Picolotti a apurar la limpieza del Riachuelo y le advirtió que sería multada si no cumplía con los plazos.
Y volvió a quedar en la mira cuando el humo de los pastizales que se quemaban en el Delta invadió Buenos Aires. Hace dos semanas se volvió a mencionar que su salida del Gobierno era inminente. Fue cuando se echó al superintendente de servicios de salud, Héctor Capaccioli.
Pero en esos días Picolotti debía representar al país en un encuentro de funcionarios de Ambiente en Río de Janeiro y se quiso evitar el papelón internacional.
El viernes pasado, llegó al despacho del jefe de Gabinete una torta enviada por Greenpeace. Era una ironía por la demora de un año en la reglamentación de la ley de Bosques. Massa no lo toleró. Sintió que Picolotti le había derivado las quejas a él por una responsabilidad que era de su competencia.
Ahora sí es cierto: no quedan en el Gobierno funcionarios de peso que reporten a Alberto Fernández.

CLARIN YA HABIA DENUNCIADO LOS MANEJOS DE LA SECRETARIA DE PICOLOTTI
Una funcionaria que creció con la pelea de Botnia y se hundió con el Riachuelo
Protegida por ex jefe de Gabinete, tuvo una gestión controvertida, en la que sumó enemigos.
Por: Claudio Savoia
El día en que sonó su celular y la voz del jefe de Gabinete Alberto Fernández le propuso asumir la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que en ese momento pasó de la órbita del ministerio de Salud a depender directamente de él, con un presupuesto varias veces superior- la abogada cordobesa Romina Picolotti coronó una minuciosa estrategia desplegada durante años para arrimarse a las arenas del poder. Esa estrategia, sin embargo, no contemplaba planes para el día después de la llegada.
Picolotti estuvo en lugar justo en el momento indicado. La ONG que había creado con su marido, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, le había servido para captar fondos internacionales dedicados a analizar y promover acciones para evitar la degradación medioambiental, y el volcánico conflicto por la instalación de la pastera Botnia en Uruguay le ofreció el escenario ideal para venderse como una especialista que apoyaba los reclamos piqueteros de Gualeguaychú. Esa jugada le valió el reconocimiento de algunos líderes de la protesta, y este supuesto aval fue tomado por un apresurado Fernández como un buen argumento para incorporar a Picolotti al Gobierno: con ella adentro, se suponía que los asambleístas liberarían la frontera o al menos abrirían sus oídos al diálogo.
Nada de eso ocurrió. La abogada tardó apenas semanas en mostrar su falta de pergaminos para ocuparse de un área que poco importa al Gobierno pero rankea bien alto en la agenda internacional, y que en los últimos años quedó bajo la mirada de miles de argentinos ávidos de respuestas a sus problemas cotidianos: la multiplicación de emprendimientos mineros potencialmente peligrosos en las provincias andinas; el diario sacrificio de decenas de hectáreas de bosques nativos para convertirlos en lotes sembrados con soja; las sequías, inundaciones y fenómenos meterológicos extremos causados por el cambio climático; el acelerado derretimiento de los glaciares patagónicos y antárticos; y, sobre todas las cosas, el insostenible estado del Riachuelo, cuyo saneamiento fue anunciado decenas de veces.
Rodeada por un pequeño grupo de familiares y amigos en su mayoría ajenos a las cuestiones del medio ambiente, Picolotti comenzó enfrentándose con sus propios técnicos -a muchos de quienes marginó hasta sacarles todas sus funciones-, siguió peleándose con los funcionarios de la Cancillería especializados en temas ambientales -a tal punto que pese a su cargo terminó apartándose de las negociaciones por Botnia- y terminó sucumbiendo ante la firmeza de la Corte Suprema, que primero le ordenó presentar un plan para recuperar el Riachuelo, luego lo criticó por insuficiente y poco claro, y finalmente la condenó a pagar con su propio sueldo las multas que merecieran los permanentes cambios y retrasos en la aplicación del malhadado proyecto. Los intendentes peronistas de los municipios adyacentes al Riachuelo también hicieron oír su furia por el incumplimiento de las promesas que sus vecinos escuchaban junto a ellos en cada visita de la secretaria.
Su escudo protector ante las críticas y denuncias era el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien sacó la cara por ella en julio de 2007, cuando una investigación de Clarín denunció sus extraños manejos financieros, que incluían la contratación por montos importantes de parientes y conocidos, el uso de jets privados para viajar al interior, la compra de equipos, vehículos, insumos y hasta el alquiler de un edificio sin que estuviera clara su necesidad ni función. Todos estos gastos, y otros consumos personales poco relacionados con el medio ambiente, eran facturados a la Fundación ArgenINTA, adonde Picolotti remitía grandes porciones de su presupuesto para sustraerla de los controles habituales en la administración pública. La denuncia de Clarín causó una investigación judicial en el juzgado de María Servini de Cubría, que tras un año de silencio hace cinco meses había comenzado a moverse, y que hace tres semanas incluyó una visita a la Secretaría para buscar papeles.
Era el comienzo del fin.