En estos días, Romina Picolotti recibirá otra mala noticia. Además de perder su cargo en el gobierno de Cristina Kirchner, la jueza María Romilda Servini de Cubría la llamará a declaración indagatoria en una causa por irregularidades en la administración del presupuesto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A pesar de que la fecha aún no está definida, la ex funcionaria tendrá que dar explicaciones en este expediente, que comenzó en julio del año pasado, a raíz de un artículo periodístico del diario Clarín que revelaba contrataciones muy bien pagas a parientes y amigos, gastos sin control en compras de camionetas 4 x 4 y muebles para oficinas, alquiler de aviones privados, entre otras actividades sospechosas.
Todas estas operaciones se habrían hecho gracias a un acuerdo con la Fundación ArgenINTA, dependiente del INTA, a quien le transfirieron 20 millones de pesos en 2007, para luego facturarle muchos de estos gastos. Se trataba, en realidad, de una administración paralela –y sin controles– del presupuesto oficial de la secretaría.
Con el avance de la causa, se sumaron otras anomalías: la más importante siguió la pista de un crédito millonario otorgado por Picolotti a la intendencia de Córdoba, su ciudad de origen, cuando estaba manejada por Luis Juez.
La Justicia no encontró ningún comprobante que demuestre cómo se utilizó ese dinero que tenía, como destino oficial, jerarquizar el área de Ambiente municipal.
La ingerencia de la ex secretaria fue tan evidente que designó a un hombre propio, Víctor Rico, como titular del área ambiental de Córdoba. Cuando Juez dejó el cargo, Rico volvió a Buenos Aires a trabajar muy cerca de Picolotti