La crisis eléctrica que padece el país es en gran parte culpa del atraso por más de tres décadas en la construcción de una planta hidroeléctrica en la zona sur, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Si esa obra se hubiera desarrollado en la década de 1970, cuando se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico, Costa Rica tendría energía suficiente para abastecer tanto al mercado local como para exportar al resto de Centroamérica.
En cambio, la realidad energética nacional es muy distinta por la demora del proyecto eléctrico: con un faltante de 200 megavatios de energía, el país enfrenta la amenaza de quedar a oscuras durante la fase más crítica del próximo verano, cuando la capacidad de los embalses de las plantas eléctricas no dé para más.
Otro elemento negativo que ha producido el atraso de la construcción del proyecto hidroeléctrico en el sur es el encarecimiento de la obra por el aumento de los materiales de construcción y de las tarifas eléctricas, ya que se ha tenido que recurrir a la producción de energía térmica —que funciona a base de combustibles— para evitar apagones.
Previendo el aumento de la demanda futura, las autoridades del ICE idearon hace más de 30 años la construcción¬ de una planta que aprovechara las aguas del Río Grande de Térraba, que es el de mayor caudal en el país.
Boruca, como se denominó al proyecto en su inicio, fue tan ambicioso que aun en estos días es considerado una megaconstrucción para nuestro medio, no solo porque se consideró para producir 1.500 megavatios, suficiente para abastecer a 2 millones de personas, sino porque incluía la construcción de un embalse en un área de 25 mil hectáreas.
Se estima que solo esa obra hubiera alcanzado para atender el crecimiento del consumo eléctrico nacional, que actualmente ronda el 6,5% anual, hasta 2021.
El fracaso de Boruca estuvo en que se pretendió construir en territorios habitados por indígenas, lo que provocó el rechazo inmediato de los vecinos de 15 poblados ubicados a la margen del río. Además surgió el temor de si la zona era idónea para construir una obra de tal magnitud, sobre todo por la constante actividad sísmica.
Como respuesta, el ICE contrató nuevos estudios para buscar un sitio más apto donde construir el plan hidroeléctrico. Los análisis determinaron desarrollar el proyecto 30 kilómetros aguas abajo del lugar original.
Fue ahí donde nació Veragua, que fue el segundo nombre con que se bautizó el proyecto; unos dicen que fue en honor de la comunidad más cercana del sitio donde se haría la represa, pero los indígenas consideran que fue para tratar de desviar la atención ante la férrea oposición que tuvo Boruca.
Veragua se diseñó a mediados de la década de 1990 para producir 709 megavatios; es decir, la mitad del plan original, lo que alcanzaría para atender a 1,2 millones de habitantes. En el caso de la represa se consideró que ocuparía 10,7 mil hectáreas.
A pesar de los cambios todas las comunidades indígenas de la zona sur se levantaron en contra de la construcción. La falta de diseño del ICE para desarrollar el proyecto en ese momento también incidió en que se diera marcha atrás.
Más recientemente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que declara la iniciativa para construir una planta hidroeléctrica en la zona sur de “conveniencia nacional” e “interés público”.
La nueva obra ya no se llamará Boruca, ni Veragua. Ahora se conoce como Diquís. Tampoco empleará el gran caudal del Río Grande de Térraba para hacer girar las turbinas, sino que se construirá en el río El General, el cual representa el 48% del torrente del Térraba.
De acuerdo con el nuevo diseño el embalse abarcará 6 mil hectáreas y producirá 622 megavatios, lo que serviría para llevar energía a 1,05 millones de personas. Además la planta contará con un túnel de 13 kilómetros por donde se desviará el agua de la represa.
Si bien la nueva ubicación de la represa no afecta comunidades indígenas, sí abarca tierras que le pertenecen a esa población. Además incluye otras comunidades no indígenas que deberán ser reubicadas.
El desafío del Gobierno era iniciar la construcción de Diquís en enero próximo; sin embargo, esa meta no se cumplirá ya que el ICE aún no ha concluido los estudios de factibilidad del proyecto.
Otra dificultad que se avizora es la oposición de los indígenas, quienes no están dispuestos a ceder sus tierras y defienden que la legislación nacional no faculta al Poder Ejecutivo a disponer de los territorios que les pertenecen.
“Ahí (en el nuevo sitio donde se pretende construir la planta hidroeléctrica) están las cenizas de nuestros ancestros”, comentó Cristiano Lázaro, del Consejo Regional Indígena del Pacífico Sur.
El líder indígena justificó además que la reubicación de los territorios provocaría una emigración, que significaría la pérdida de la cultura por parte de las nuevas generaciones.
Por su lado, Manuel Villanueva, de la Asociación pro Derecho de los Pueblos Indígenas, cuestionó que el Poder Ejecutivo haya emitido un decreto para crear un proyecto en tierras indígenas sin haberles consultados de antemano.
Actualmente las comunidades indígenas se unieron en el Frente de Defensa de los Derechos Indígenas para oponerse a la construcción de la planta Diquís.
LA REPUBLICA intentó conocer la posición del ICE sobre la negativa de las comunidades indígenas para ceder sus tierras para la construcción de la represa, sin embargo, a pesar de que desde hace dos semanas se pidió una entrevista con José Joaquín Azofeifa, subgerente de Energía, al cierre de este trabajo no había respondido.
Por ese motivo tampoco se pudo conocer la nueva fecha en que tiene estimado el ICE iniciar la construcción de la planta hidroeléctrica Diquís ni el mecanismo mediante el cual se financiará.