El fiscal federal Guillermo Marijuan amplió la denuncia contra la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti para que se investiguen presuntos desvíos de fondos destinados para obras en la provincia de Córdoba.
Así lo revelaron ayer a Clarín fuentes judiciales, al día siguiente de la salida de Picolotti del Gobierno nacional. La ahora ex funcionaria nacional, así como el Gobierno, mantuvieron ayer silencio sobre su desplazamiento.
La nueva denuncia, que se suma a las irregularidades analizadas desde el año pasado por la Justicia, tras una investigación de Clarín, refiere a una información que llegó vía mail a la casilla de la fiscalía a cargo de Marijuan. Parte de esta información ya había sido publicada por este diario.
Marijuan pretende determinar si hubo delito en la contratación de supuestos punteros políticos para un proyecto de limpieza de barrios marginales llamado "ecorecolectores". De acuerdo con la denuncia llegada a la Fiscalía, el dinero habría sido utilizado para la campaña electoral del año pasado, según dijeron fuentes judiciales.
Así, según las mismas fuentes, se habrían gastado 303 mil de los 650 mil pesos girados por la cordobesa Picolotti a la Municipalidad de la capital provincial, que en ese entonces encabezaba Luis Juez.
El ex intendente cordobés, quien se enfrentó al Gobierno nacional y denunció un fraude en la elección provincial del año pasado, negó a Clarín cualquier tipo de irregularidad durante su gestión. "La plata fue depositada en una cuenta especial y esa misma documentación se la dimos a la Justicia el año pasado. No nos metan en esto porque nosotros somos decentes", aseguró Juez.
El fiscal le pidió a la jueza María Servini de Cubría que vuelva a allanar las oficinas de la Secretaría de Ambiente para obtener documentación sobre el traspaso de fondos a la municipalidad cordobesa, si es que estos papeles no se encuentran entre los ya obtenidos de esa dependencia nacional.
Marijuan también solicitó que la Justicia federal cordobesa, vía exhorto, secuestre y remita los legajos de tres ex funcionarios de la Secretaría de Medio ambiente cordobesa que integraban la fundación presidida por el cónyuge de Picolotti.
El fiscal también pretende que por la misma vía se obtenga y envíe a Buenos Aires toda la documentación que haya en el municipio cordobés sobre el convenio con la Secretaría de Ambiente nacional. Y además, que se cite a dos testigos: Diana Rahab y Raúl Montenegro, titular de la fundación FUNAM y actualmente de viaje por Alemania.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el fiscal no descartaría viajar en persona a la provincia de Córdoba. La Justicia secuestró recientemente abundante documentación en diversos procedimientos vinculados con las denuncias del año pasado contra Picolotti.
Esos papeles serán sometidos a pericias, con lo que un eventual llamado a indagatoria respecto de la ex funcionaria no sería inmediato, según evaluaron las fuentes consultadas por Clarín en los tribunales federales.
Picolotti es investigada por la contratación de parientes y amigos, el uso de jets privados, la compra de equipos y el rol de la fundación ArgenINTA.

Bibiloni asume hoy y anunciará medidas
Fabián Debesa
Homero Bibiloni, el designado Secretario de Medio Ambiente que asume hoy, completó ayer su mudanza desde la capital bonaerense a su nueva función en el Gobierno. Además de documentación y carpetas con propuestas, se llevó al centro porteño un grupo de especialistas que trabajaron en la comuna platense en temas ambientales. Una abogada que acompañó a Bibiloni en su anterior paso por Medio Ambiente, Paula Lico, sería de equipo.
Ayer prefirió no adelantar trazos de su futuro trabajo. "Hablaremos después del acto de asunción", le dijo a Clarín el hombre elegido por Sergio Massa.
No obstante, Bibiloni tiene en carpeta algunas iniciativas que desplegó en la municipalidad de la La Plata.
Intentará fomentar las agencias ambientales en los municipios del conurbano, en especial aquéllos que están con mayores riesgos de contaminación por la presencia de industrias y empresas de alto riesgo. También promoverá acciones para el saneamiento de los arroyos y otros afluentes que terminan en el Riachuelo.

Mondino dice que Picolotti "fue ineficaz"
Ajeno a la noticia del despido de la ex secretaria de Ambiente, el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino había organizado para esta semana unas Jornadas de Defensa del Medio Ambiente que terminaron ayer. Mondino encabeza el Cuerpo Colegiado de cinco ONG a las que la Corte Suprema de Justicia les encargó controlar el cumplimiento del plan de limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo que los jueces le aprobaron a Picolotti tras varias objeciones. En un documento publicado anoche, el Ombudsman nacional es lapidario: "El desempeño de la Autoridad de Cuenca encabezada por la saliente secretaria de Medio Ambiente ha resultado ineficaz", comienza. "El balance es negativo y así lo expresamos al juez de ejecución, porque ninguno de los plazos ha sido cumplido".
El último fallo de la Corte, que por primera vez en la historia argentina condenaba a Picolotti a pagar de su propio bolsillo las multas por incumplimientos, daba un plazo de 30 días para inspeccionar a todas las empresas de la cuenca. "Pero ni siquiera se sabe cuáles son esas industrias", dice el informe. "La información sobre el estado del agua y napas subterráneas, además de la calidad el aire -que debía ser pública y actualizarse cada 90 días- es insuficiente, confusa y poco fundada para el agua, y nula para el aire". El intempestivo despido de Picolotti abre ahora la pregunta sobre el futuro de este plan, sus plazos y el destinatario de las eventuales multas.