El director paraguayo de la binacional Yacyretá, Ing. Carlos Cardozo, visitó ayer la central hidroeléctrica para observar el sistema de operación de la represa y los motivos que causaron la inesperada inundación de una zona de Encarnación, según informó el Ing. José Montalto, sub jefe técnico del departamento técnico de la represa.
“El director estuvo unas 3 horas en la central hidroeléctrica para tener conocimiento de la operativa realizada anteayer y que provocó el levantamiento del embalse. Recorrió la zona y ordenó la instrucción de un sumario contra personas innominadas”, precisó el mencionado funcionario del ente energético.
Por el momento son tres los funcionarios sumariados: Carlos Carvallo, jefe de turno; Pedro González, jefe de operador y Oscar Rolón, operador.
Según Montalto, el sumario es contra personas innominadas, pero las 3 personas mencionadas ya están incluidas en el sumario.
Embargan cuentas bancarias de EBY
La jueza del 10º turno, en lo Civil y Comercial, Mirta Elena Ozuna de Cazal, ordenó ayer embargar dos cuentas bancarias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hasta cubrir un monto de G. 2.450 millones a favor del Fondo Ganadero (FG). Según dijo el titular del FG, ingeniero Juan Fernando Peroni Cazal Ribeiro, el director paraguayo de la EBY, ingeniero Carlos Cardozo, había prometido dar una respuesta ayer sobre una demanda promovida en 1993 contra la binacional. En vista que no respondió, la jueza Ozuna de Cazal procedió al embargo de cuentas de la EBY en los bancos BBVA y de la Nación Argentina.
Cabe recordar que en una resolución del 26 de diciembre de 2000, la jueza Mirta Ozuna estableció que Yacyretá debe pagar G. 1.292.740.762 al Fondo Ganadero, más intereses del 2% mensual desde 1993. El monto se estableció a base del peritaje realizado por el ingeniero Blas Jara, superior en 934% con relación a la primera tasación, realizada en 1996, en la cual el ingeniero Julio Vega avaluó el inmueble en G. 125.368.326. El 18 de julio de 2002, con un voto en disidencia, el tribunal de apelación en lo Civil, 4ª sala, fijó como precio del inmueble G. 1.146.270.000, tras tomar como parámetro la indemnización establecida en un juicio similar. El 22 de setiembre pasado, con el voto en disidencia del ministro César Garay, los ministros Raúl Torres y Oscar Bajac ordenaron el pago de intereses del 2% devengados desde 1993.
A la fecha, los intereses totalizan más de G. 3.300 millones. Garay sostuvo que la única vía para estudiar la cuestión era el recurso de aclaratoria ante el tribunal, que omitió expedirse sobre el pago o no de intereses y que, al haber desistido el Fondo Ganadero de dicho recurso, ya nada podía reclamar.
En una acción presentada por la EBY se sostiene que no ha sido notificada de la segunda pericia, de cuya existencia se enteró recién con la notificación de la sentencia de primera instancia. Resalta, además, que el inmueble de referencia, la finca Nº 556 de San Cosme y Damián, es un desprendimiento de la finca Nº 61, de Victorino Fuertes y María Elena de Fuertes, acusados por producción de documentos no auténticos, producción de documentos públicos de contenido falso.
Al consultársele por qué no hay funcionarios argentinos sumariados, manifestó que la operación se realizó en la margen derecha.
ARGENTINOS TAMBIÉN DEBEN SER SUMARIADOS
Florentín Gómez del Puerto, sindicalista de la binacional Yacyretá, dijo que la determinación de abrir sumario en el ente es correcta, pero afirmó que también deben ser sumariados los funcionarios argentinos debido a que la operación de la hidroeléctrica es una tarea conjunta ejecutada por paraguayos y argentinos.
“El sumario debe ser amplio y ojalá la piola no se suelte en la parte más fina”, acotó.
“Cuando hay elevación sorpresiva de la cota, como hubo, se favorece a los argentinos. Se eleva la cota el fin de semana, para largar toda el agua el lunes, cuando los argentinos tienen más demanda de energía”, señaló.
Gómez expresó que dialogó con varios técnicos y que éstos le dijeron que no tienen autonomía de decisión. “Los jefes son los que dan las órdenes, los técnicos solo cumplen, no son los responsables directos”, dijo.
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