La Unión Europea (UE) financia proyectos que destruyen el ambiente y perjudican a las poblaciones africanas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), denunciaron ambientalistas.
El BEI, con sede en Luxemburgo, tiene el compromiso formal de fomentar políticas que protejan el ambiente y alivien las penurias de las poblaciones gracias a un fondo de unos 67.000 millones de dólares al año.
Pero algunos estudios sobre proyectos apoyados por ese organismo en África indican que los préstamos tienen el efecto contrario.
Uno de los proyectos polémicos es un oleoducto de 1.070 kilómetros entre Chad y Camerún. Para su construcción, el BEI contribuyó con más de 182 millones de dólares en 2001. Además fue necesario confiscar grandes porciones de tierras a los agricultores locales.
Activistas de derechos humanos denunciaron que las comunidades afectadas no recibieron adecuada compensación, que los derrames de petróleo contaminaron varios ríos y cursos de agua y que la quema de gas por ExxonMobile, una de las empresas involucradas, causó problemas respiratorios, entre otros, a la población.
Las ganancias del proyecto fueron empleadas por el presidente de Chad, Idriss Deby, para aumentar el gasto militar, sostuvo Thérèse Mekombe, presidenta de la Asociación de Abogadas de ese país africano.
Deby fue acusado de respaldar el Movimiento por Justicia y Equidad, uno de los responsables de la violencia desatada en la occidental provincia sudanesa de Darfur, que obligó a más de 2,5 millones de personas a abandonar sus hogares.
"El día de la independencia, el 11 de agosto, el gobierno mostró con orgullo sus vehículos de combate", señaló Mekombe, en una conferencia del BEI el martes en Bélgica.
"Eso no es lo que esperaba la población de la explotación petrolera. Querían que las ganancias se invirtieran en proyectos de desarrollo y que sirvieran a erradicar la pobreza", apuntó.
Otro proyecto de ese organismo de la UE es un gasoducto en África occidental.
La infraestructura de más de 680 kilómetros comienza en el delta del Níger y termina en Ghana, donde se espera que pueda producir energía en las próximas semanas.
En diciembre de 2006, el BEI otorgó casi 95 millones de dólares a Accra para la construcción del oleoducto en el que participaron varias empresas: Shell, Chevron, Texaco, y la compañía estatal de Nigeria.
Doce comunidades de Nigeria presentaron un reclamo al Banco Mundial en 2006, que también financió la construcción, porque, según alegaron, la iniciativa causará un daño irreparable al ambiente.
A principios de este año, el Panel de Inspección de ese organismo concluyó que las comunidades no habían sido consultadas de forma adecuada acerca de las consecuencias del proyecto.
Los ambientalistas sostienen que la financiación de iniciativas vinculadas con combustibles de origen fósil contravienen los objetivos declarados de la UE de combatir el cambio climático.
Empresas europeas del sector energético están deseosas de aumentar su inversión en África para competir con China y disminuir su dependencia del petróleo y el gas de Medio Oriente y Rusia, señaló Osayande Omokaro, de Amigos de la Tierra Nigeria.
"Los europeos se presentan como defensores de los derechos humanos, la libertad y la buena gobernanza", señaló. "Los chinos no promueven esos valores, pero los europeos deben vivir como pregonan, aun si eso implica ceder un poco de terreno a los chinos".
En 2007, el BEI fue el primer donante que accedió a financiar el proyecto minero Tenke Fungurume en Congo. La iniciativa de más de 1.000 kilómetros cuadrados se propone extraer cobre y cobalto, dos metales muy solicitados en todo el mundo. La fabricación de teléfonos móviles, por ejemplo, depende del cobalto congoleño.
El BEI contribuyó con más de 120 millones de dólares a un proyecto que dejó a cientos de familias sin hogar para poder construir la infraestructura necesaria para la extracción minera.
La mayoría de los trabajadores empleados en la construcción de las instalaciones no tienen contrato laboral, señaló el director de la organización congoleña Acción contra la Impunidad frente a los Derechos Humanos, Albert Kumwamba N’Sapu.
"Se violan los derechos de miles de obreros que trabajan en condiciones laborales lamentables y carecen de protección cuando están en la mina", añadió. "Si se lastiman, no tienen atención médica. Tampoco pueden crear un sindicato".
N’Sapu instó al BEI a aceptar una investigación independiente sobre el uso del dinero.
"La erradicación de la pobreza debe ocupar el centro de las inversiones. Tiene que preguntarse si realmente se trata de un proyecto de desarrollo", remarcó.
Los parlamentos nacionales deben inspeccionar las actividades del banco, señaló Anne-Sophie Simpere, de Amigos de la Tierra Francia.
"Casi nadie conoce al BEI, pese a que invierte grandes sumas de dinero a las naciones en desarrollo y es uno de los principales donantes de la industria extractiva", añadió. "Además de sus desastrosas consecuencias en África, sus inversiones representan una contradicción flagrante respecto de los esfuerzos de la UE para combatir el cambio climático, reducir la pobreza y los conflictos armados".