La Cámara de Diputados podría definir antes que finalice este período legislativo el debate sobre la reestatización de los servicios de agua y energía concesionados a las empresas Aguas de La Rioja y EDELaR SA.
El colapso del sistema energético y los cortes de agua que sufrieron los usuarios, en medio de una ola de calor, desempolvaron nuevamente la discusión por la falta de inversiones de las dos empresas que tienen la concesión por 99 años.
La discusión quedará planteada con la presentación de un proyecto de ley del diputado capitalino e integrante del Bloque Justicialista, Ramón Vera porque las dos empresas brindan "un servicio insuficiente y no cumplen con los requisitos de un buen servicio público al no brindar continuidad y regularidad".
El proyecto de ley asegura que se puede rescindir los dos contratos y rescatar o estatizar los servicios. "Ambas constituirán una modalidad viable para poder paliar la situación ajustándose a derecho y a la legislación vigente".
La resolución anticipada está prevista contractualmente en el caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas como la falta de calidad del servicio; falta de inversión en obras para el buen y mejor funcionamiento del sistema en ambas empresas, dice el proyecto y asegura que el Estado provincial "es el único inversor".

Argumentos
Entre los fundamentos para poner fin a los contratos de concesión, Vera sostiene que el Estado "está en condiciones de hacerse cargo de los servicios ya que cuenta con empleados capacitados técnicamente"; y rescata que "a nivel nacional hay ejemplos sobresalientes de empresas, como Aerolíneas Argentinas o Administradoras de Fondos de Jubilaciones (AFJP) que por no cumplir con sus contratos pasaron al Estado.
En la iniciativa también se rechaza el aumento de tarifa "porque representaría una ironía, ya que el servicio es deficiente y no tiene relación con las contraprestaciones".
"En el contrato de adjudicación se encuentra prevista la inversión de la empresa y sólo se advierte la del Estado provincial y nacional. Esto se hace en función de la demanda de la gente y no como resultado de análisis técnicos derivados de una programación efectiva, como por ejemplo, el tendido de la Línea Minera y el cavado de pozos y cisternas para captación de Aguas de La Rioja".
Otros de los argumentos esgrimidos en contra de las empresas es su falta de previsión de inversiones relacionados con el crecimiento demográfico de la Provincia: "Esto no sucedió y por eso estamos al límite del colapso", expresa.

Aguas de La Rioja
Respecto de la empresa de agua el proyecto especifica que: gran parte del sistema de cloacas fue construido con fondos estatales, como así también, el sistema de oxidación cloacal o de los piletones de purificación de líquidos cloacales.
Menciona además las grandes pérdidas de agua en la calles de la ciudad que generan malos olores, contaminación, desperdicios y destrucción y deterioro de la cinta asfáltica.
Respecto de la irregularidad en la prestación del servicio señala que Aguas de La Rioja "reconoció falta de suministro de agua potable en los barrios de La Rodadera 1 y 2, Jerusalén, Bajo Hondo, Agrario, Loteo San Nicolás, entre otros.

Emergencia
La Cámara de Diputados prorrogó hasta diciembre de este año la Ley de Declaración del Estado de Emergencia Económica Administrativa y Financiera las participaciones accionarias, los servicios públicos y los contratos celebrados, por el Estado provincial y Entes Públicos en ejercicio de funciones administrativas vinculados con la realización de proyectos y/o ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos de agua, energía, servicios bancarios y otras concesiones.
La norma autorizó a la Función Ejecutiva provincial a renegociar y/o rescindir los contratos luego de una evaluación de: el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión previstos en el Contrato; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; las pérdidas, costos y beneficios para las arcas públicas del Estado provincial y la rentabilidad de las empresas.
Aún el Gobierno provincial no dio a conocer los resultados de esta renegociación ni envió informes a la Cámara de Diputados.