El oficialismo logró trabar ayer el rechazo del veto presidencial a la ley de protección de glaciares, que fue planteado por la oposición y aliados del kirchnerismo para insistir con el texto de la norma aprobaba por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso tiempo atrás.
Si bien el pedido del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el kirchnerista crítico Miguel Bonasso, obtuvo 107 votos afirmativos contra 90, la cifra no alcanzó para habilitar el tratamiento sobre tablas debido a que se precisaban las tres cuartas partes de los legisladores presentes, porque ya se había agotado el tiempo otorgado para el planteo de preferencias.
Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) presentó una cuestión de privilegio con la intención de pedir el apartamiento del reglamento “para insistir con la sanción de la Cámara baja”.
El legislador cuestionó el veto presidencial, al sostener que pone en peligro “los recursos hídricos” del país, y apuntó: “Sin oro podemos vivir, sin agua no”.
Por su parte, el diputado Carlos Raimundi (SI) opinó que la actitud del oficialismo dejó de manifiesto “la debilidad del Parlamento”, que “en lugar de insistir se subordina a los gobernadores y, lo que es peor, a los lobbies de la política minera de este gobierno, que impidieron que la ley sea aprobada”.
En tanto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, desestimó las pretensiones de los diputados que respaldaron la vigencia de ley sancionada por el Parlamento. Rossi recordó que el decreto de Fernández de Kirchner estableció la creación de una comisión integrada por gobernadores y legisladores nacionales de las provincias cordilleranas, para elaborar un proyecto de mayor alcance a la norma.
La comisión que la jefa de Estado ordenó crear se reunió el lunes por primera vez, aunque su eficacia pareció quedar amenazada un día después cuando la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, anfitriona de todos los participantes, fue despedida del gobierno nacional.
En el encuentro, los asistentes coincidieron en elaborar un nuevo proyecto de ley para la protección de los glaciares, que reemplazará a la norma vetada y que deberá estar listo antes del 1 de marzo.