El bloque de diputados kirchnerista se negó a insistir con la Ley de protección de Glaciares que vetó la presidenta Cristina Fernández, pese a la presión de los bloques opositores y de sectores de la propia bancada oficialista.
Los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Eduardo Macaluse (Espacio Sí) propusieron el tratamiento del veto presidencial, pero el kirchnerismo prefirió acatar la decisión del Poder Ejecutivo.
Si bien la votación favoreció al pedido de Bonasso y Macaluse (107 respaldos y 90 rechazos), como se trataba de un apartamiento del reglamento, la victoria nominal no alcanzó para llevar nuevamente la ley al recinto, ya que se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes para darle curso a la solicitud.
No obstante, Bonasso confirmó que insistirá durante la próxima sesión ordinaria con la Ley de Glaciares, que fue aprobada en ambas Cámaras por unanimidad, antes de ser vetada por la Presidenta, al considerar que se contradice con los emprendimientos mineros ubicados en la zona cordillerana.
"Hay que preservar los recursos hídricos. Sin oro podemos vivir, pero sin agua no", se quejó el legislador.

LAS RAZONES DE LOS K. Por su parte, el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, explicó que la negativa de su espacio se debió a "la observación total" que sobre la norma realizó la primera mandataria.
Según dijo, la propuesta oficial es conformar una comisión con gobernadores y dirigentes de la zona cordillerana, "con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley, que contemple un fuerte nivel de consenso".
"La posición del oficialismo no es que la Argentina no tenga una ley de protección de glaciares, pero la Presidenta hizo uso de las facultades constitucionales y planteó una alternativa para mejorar la ley", afirmó Rossi.
En tanto, el diputado del Espacio Sí, Carlos Raimundi, replicó a Rossi, y se quejó porque "está en juego la debilidad del Parlamento, ya que se hace caso al lobby de las empresas poderosas".
La ley de Glaciares, que tras el veto perdió toda vigencia, establecía los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".