Aunque el oficialismo en la Cámara de Diputados logró en la noche del miércoles sostener el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares, a nadie en el bloque escapa el pesado costo político que significó la votación para la bancada que conduce Agustín Rossi. Y, a pesar de que algunos diputados del Frente para la Victoria acompañaron el planteo opositor, el blanco del enojo kirchnerista tuvo ayer un único destinatario: el aliado Miguel Bonasso.
Al titular de la Comisión de Recursos Naturales le endosan haber logrado una jugada política a costas de quien lo impulsó a alzarse con la presidencia de esa comisión, es decir, el oficialismo. “Él está allí gracias a nosotros y nos hace pagar el costo político de sostener el veto”, protestaban los kirchneristas en la Cámara baja. “Hace política con nuestras espaldas”, fue la queja más repetida.
De hecho, Bonasso se jactaba ayer de haber pergeñado “la primera derrota que sufrió el oficialismo este año en Diputados”. Y es que el bloque K perdió la votación 107 a 90, aunque el veto quedó vigente porque la oposición debía lograr los dos tercios de las voluntades para sostener la ley que el Congreso había sancionado en forma unánime. El kirchnerismo justificaba ayer la sangría de legisladores (obtuvo 90 votos cuando su bancada está integrada por 119 diputados) porque a la hora de la votación (sobre las 22) muchos ya habían dejado el recinto. Sin embargo, los bloques habitualmente aliados y hasta 5 integrantes del Frente para la Victoria apoyaron la intención de Bonasso de insistir con el texto de la norma: las bonaerenses Graciela Camaño y Mabel Müller y los entrerrianos María Cristina Cremer de Busti, María de los Ángeles Petit y Gustavo Zavallo.
El enfrentamiento promete mantenerse vigente el año próximo. Bonasso aseguró que su decisión es “seguir luchando” en la Cámara para conseguir el respaldo de dos tercios de los diputados y rechazar, de ese modo, el veto oficial; mientras que el oficialismo tiene todas sus fichas puestas en la nueva ley que trabajará el flamante secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, con gobernadores de la zona cordillerana.
La presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo fue la salida elegante que encontró el Gobierno para aplacar el veto a una ley votada por sus propios diputados. Un veto que los legisladores K se juramentaron no contradecir.