Los Sanluiceños, con el intendente Vicente Romero y el sacerdote Oscar Barrios a la cabeza, clamaron soluciones urgentes al grave problema que atraviesa el pueblo, consistente en la falta absoluta de agua potable, y no descartaron nacionalizar la protesta, cortando el tránsito en la ruta 12 en su intersección con la avenida Independencia.
La Presidente de la Cámara de Diputados Josefina Meabe de Mathó, y los diputados Marco Costa y Pedro Braillard Poccard, concluyeron después de un largo debate con los visitantes, que el Gobernador es quien podría poner coto al inconveniente, “si es que antes no sale una medida cautelar presentada en el ámbito judicial”.
“Con toda franqueza les pedimos unas horas para poder accionar un poco más”, pidieron Braillard Poccard y Josefina Meabe de Mathó al escuchar la amenaza de extremar al máximo la queja.
Vale mencionar que los legisladores se comunicaron con los titulares de la empresa Aguas de Corrientes y con el Interventor del Ente Regulador de Agua Pedro Zubieta, quienes “explicaron su visión al respecto” e informaron la imposibilidad de respuesta inmediata.
“El Ente Regulador nos dijo que prepara una denuncia contra Aguas de Corrientes porque bajó considerablemente el servicio. Y en Aguas de Corrientes, dicen que no tienen nada que ver, porque ellos no tienen la concesión en nuestra zona”, señaló Vicente Romero, quien en horas de la mañana realizó los trámites correspondientes en los Juzgados junto al abogado Jorge Silva, mientras el grueso de la gente se apostaba frente a la Legislatura.
Los miembros de la ex ASUSAN –Asociación de Usuarios de San Luis, hoy intervenida- Marcelo Gomez, Teo Sandoval, Celeste Sotomayor, Marta Rodríguez, Ricardo Espínola, Maria Zaracho, Maria Pelozo, Ana Encinas, Nidio Alcaraz, Nicolás Obregón, Juan Maidana, entre otros fueron los que ingresaron al despacho de Mathó para exponer con lujo de detalles la circunstancia de “extrema de gravedad” que atraviesa San Luis del Palmar.
“Bajas de presión tuvimos siempre. Pero los cortes largos comenzaron en septiembre del año pasado. Ya tenemos personas con cólicos porque no pueden acceder al agua potable”, detallaron en la charla.
La solicitud concreta además de contar “ya” con el vital líquido, se basa en la normalización de la ASUSAN , organización intervenida años atrás por el Ejecutivo Provincial, siendo el Delegado Interventor el Ente Regulador del Agua. “El señor Zubieta delegó a su secretario Gonzalo Gonzalez la responsabilidad de estar al frente pero dice que no puede hacer nada”, agregaron los enojados vecinos.
También comentaron que al nacer esta Asociación se logró que a través de un acueducto llegara el agua potable a San Luis, ya que antes, existían solo perforaciones.
“Ahora nos dice Zubieta que tenemos que volver al viejo sistema. Es decir, retroceder 14 años”, dijo Marcelo Gomez.
Los legisladores hicieron las consultas de rigor, y una de ellas, estaba relacionada con la versión de que había un problema técnico en el acueducto y/o de en llave maestra que se encuentra en la entrada al pueblo. “Es mentira”, dijeron, para explicar que “ayer sacaron el medidor porque supuestamente estaba allí la falla. Pero después de cortar la ruta, el agua volvió. Volvió por pocas horas, porque después se interrumpió nuevamente el servicio. Y nosotros pagamos nuestras facturas. Y cuando nos atrasamos, ellos dicen que cortan. Que cortan, dicen ellos, cuando nunca tuvimos agua. Y sabe cuanto cuesta la reconexión? 50 pesos”, acusaron.
“ASUSAN no le debe nada a Aguas a Corrientes. Si, el Gobierno. Pero la deuda, la generó la Intervención. Es la intervención la que generó la deuda. Me entiende?”, puntualizaron a la Dama de Hierro que no escatimó en hacer todas las llamadas que consideró necesarias para llegar a un final feliz.
“Además, el Gobierno puede cobrar a la vez a Aguas de Corrientes el usufructo que hace del Acueducto, porque ellos se benefician con eso. Y quedaría saldado el problema económico. Pero lo más preocupante es que Aguas de Corrientes anunció que cierra el Acueducto en diciembre. Es el Estado el que debe controlar. Nosotros no podamos pagar las culpas o el millón quinientos mil pesos que se le debe a Aguas”, sentenciaron.
“Me hago carne del problema pero no está en mis manos solucionar esto. Cuando fui Intendente tuve este problema en mi pueblo. Yo sé de qué están hablando. Pero sepan, somos legisladores. Vamos a hacer todas las gestiones que podamos”, les dijo Josefina Meabe de Mathó.
Por su parte, el sacerdote Oscar Barrios comunicó al Arzobispo Andrés Stanovnik la situación y las tratativas encaradas para la solución del problema.