El agua es un recurso frágil en Andalucía con más demanda que oferta disponible. La futura Ley del Agua, que está previsto que llegue al Parlamento autonómico en abril o mayo de 2009, penalizará el derroche de particulares, agricultores y empresas. La Agencia Andaluza del Agua fijará para ello un "consumo óptimo y objetivo". El usuario que sobrepase el tope establecido será penalizado. El organismo que se encargará de fijar ese máximo de consumo será el futuro Observatorio Andaluz del Agua.
La Administración también pretende homogeneizar las tarifas del agua en todas las provincias andaluzas para evitar que existan "discriminaciones". Con la creación del nuevo canon urbano para los particulares se sufragará además la modernización de las infraestructuras hidráulicas para hacer más eficiente el sistema y evitar las pérdidas de agua. El plan de choque de infraestructuras, que deberá completarse en 2015, costará unos 2.000 millones de euros. La Agencia del Agua intentará evitar que los usuarios sufran dobles imposiciones. Se estima que alrededor de 20 grandes áreas de población de la región no pagarán el canon o pagarán menos que el resto de usuarios, ya que en sus facturas ya se recogen aportaciones para la mejora de infraestructuras en su zona. El canon también contemplará descuentos en función de la renta de los usuarios particulares y del número de miembros de la familia. Los contadores comunitarios se sustituirán por individuales para ajustar mejor el sistema de cobro y las administraciones impulsarán acuerdos de financiación con bancos y, sobre todo, con las cajas de ahorro de la comunidad para que ayuden a la cambiar esos dispositivos.
Estas líneas generales de actuación se recogen en el Acuerdo Andaluz por el Agua que se aprobó ayer en Sevilla. Todos los agentes sociales que han participado en la elaboración de este texto (sindicatos, consumidores, regantes...) dieron el visto bueno al documento. Sólo hubo una voz discordante: Ecologistas en Acción se abstuvo en la votación.
El acuerdo tendrá que ser aprobado antes de que termine el año en el Consejo de Gobierno. El siguiente paso será empezar a elaborar la futura Ley del Agua, que ya cuenta con un primer borrador, según aseguró ayer Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente. El texto de la nueva norma empezará a tomar forma entre enero y febrero de 2009.
El nuevo marco de gestión del agua también aborda el problema de los regadíos. Se fija la exigencia de modernizarlos en toda la comunidad entre 2009 y 2015. También se modificará el sistema de pago de los regantes, que a partir de ahora será por metro cúbico consumido y no por superficie de cultivo. Con esta medida también se pretende evitar el derroche.
De la reunión de ayer salió además el nuevo organigrama de la Agencia del Agua. Esta institución se dividirá a partir de ahora en cuatro direcciones generales: Servicios y Régimen Económico, Planificación y Participación, Infraestructuras y Explotación y, por último, Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas.