Este lunes debía dar comienzo el “foro” para consensuar una nueva ley de glaciares en la secretaría de Medio Ambiente, luego del veto de Cristina Fernández que argumentaba que no podía darse “preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse”, como proyectos mineros y petroleros. Con el repudio de gran parte de la opinión pública, de sus propios legisladores y de las organizaciones sociales que se hicieron presentes en las custodiadas puertas de las oficinas de Romina Picolotti, el primer encuentro fracasó y el conflicto ya se cobró el puesto de la funcionaria.
La ley de Protección de Glaciares (26.418) establece preservar el ambiente glaciar por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua. También determina la creación de un inventario nacional de glaciares con un señalamiento básico: la prohibición de “la exploración y explotación minera o petrolífera” en áreas glaciares y en el ambiente que lo circunda. A fines de octubre los senadores de la Nación votaban la ley, con sólo tres abstenciones. Sin embargo el 10 de noviembre, mediante el decreto 1837/08, la presidenta vetó la ley que sus propios diputados y senadores impulsaron y votaron, argumentando los excesos en los que caía ya que “la prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6º del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”.
La versión más sólida sobre este veto es la que señala la directa presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que impulsa en su provincia los mayores emprendimientos mineros, como Veladero-Pascua Lama (Barrick Gold) que se desarrolla y extiende sobre varios glaciares. Gioja cuenta además con la abnegada colaboración de un delfín dentro de la secretaría de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. De modo que en la informalidad ya se habla del “veto Barrick” a la ley de glaciares.
“Las opciones del gobierno eran dos, dilatar, ganar tiempo y no hacer nada en el futuro, o a partir de evaluar el año electoral sacar una norma que no tenga nada que ver con este proyecto original”, explica Luis Zamora en la protesta frente a la secretaría de Medio Ambiente el pasado lunes. En efecto, para sacar la nueva norma el gobierno impulsa este “foro de consensos”, que intenta articular intereses económicos con medio ambiente. “La nueva ley que pretenden redactar implica una fachada de que siguen protegiendo los glaciares, pero en realidad quitarían todas las disposiciones que pueden afectar las exportaciones de la megaminería y de las petroleras. Eso le permitiría al gobierno sostener que sigue en la defensa de los glaciares y al mismo tiempo no tener problemas con las empresas”, agrega Zamora.
El diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, rechazó participar en el encuentro junto a Picolotti y Filmus y afirmó que el único “foro institucional por excelencia es el Congreso”. También estaban llamados a participar del foro la secretaría de Minería, los gobernadores de las provincias cordilleranas, y los legisladores nacionales interesados. El objetivo: una nueva ley, más “flexible”. Mientras tanto, la ley de glaciares volvió al Congreso, pero a la Comisión de Minería, dominada por los esbirros de Barrick Gold. La ley vetada, al retornar al Congreso, puede ser ratificada con el voto de las dos terceras partes de los legisladores. Como el ejecutivo ya no podría vetarla, rápidamente instó a su bloque oficial para que se retirara de la discusión en el parlamento y se abocara al debate en el Foro Filmus-Picolotti.
Este lunes iba a realizarse el primer encuentro del supuesto “foro”, y al esparcirse la noticia la Regional Buenos Aires de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) decidió hacer manifiesto su repudio y exigir “la ratificación de la ley de glaciares aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional”. Las diversas organizaciones sociales y ambientales que integran el espacio se hicieron presentes con carteles y volantes repudiando el encuentro. El edificio de San Martín 451 amaneció tapiado por gruesas cortinas metálicas, y así permaneció hasta el fin de la protesta. “Participamos en este escrache porque es terrible lo que pasó con el veto a la ley de glaciares. Nosotros venimos hace mucho en el marco de la UAC luchando contra la megaminería en gran escala a cielo abierto, contra los agronegocios y contra la contaminación industrial, apoyando toda lucha emancipatoria”, señala Nicolás, del Espacio Chico Mendes, miembro de la UAC.
“El gobierno ha entrado en una trampa de la que no sabe cómo salir bien parado”, explica Cristina Martín de la ONG Conciencia Solidaria y miembro de la UAC. “La cordillera es una fábrica del agua, los glaciares son la reserva natural de agua potable que tenemos. Creemos que es imprescindible una ley de protección a los glaciares. Nosotros no tenemos estadísticas de nuestros glaciares, y el gobierno sólo está discutiendo cómo dejar la ley en jirones, lo que evidencia que sólo busca la manera de no alterar los intereses mineros y petroleros”, afirma.
A poco de iniciarse el escrache a este “foro” un funcionario de bajo rango invitó a subir a los miembros de la UAC y tener una charla dentro de la secretaría. Moro, miembro de la Agrupación Tupac Amarú (en la UAC) narró lo sucedido: “Dentro de la secretaría nos recibió un hombre del equipo de Fernando Melillo, de apellido Moretto. Ellos plantean que efectivamente el foro va a existir, porque insisten en que la ley habría incurrido en algunos errores técnicos. Nosotros le dijimos claramente que consideramos que no es técnico, sino que es una decisión política de no seguir manteniendo esta situación a favor de las mineras. Que nosotros desconocíamos el foro y que ratificábamos en todo el texto de la ley que fue votada por el Congreso. Pero ellos dicen que 'hay una posibilidad de mejorarla y lograr un consenso' y que llevemos nuestra posición. Nosotros les dijimos que ya veíamos que este foro iba a estar mayoritariamente formado por los interesados en que las mineras sigan funcionando, que nuestra oposición ahí iba a ser marginal y que en todo caso avalaba la entidad de este foro. Por lo tanto le informamos que no íbamos a concurrir porque nosotros consideramos que ellos ya tienen una decisión tomada: sacar una ley a medida de los intereses mineros”. Las distintas versiones sobre la reunión que se estaba gestando en el despacho de Picolotti dan cuenta de la falta de acuerdo entre los propios miembros del oficialismo y de resonantes ausencias, lo que desembocó en una reunión fracasada. El dato político que acompañó ese fracaso fue el pedido de renuncia que desde la presidencia le hicieron a Romina Picolotti, hoy ex funcionaria nacional.
A las puertas de la secretaría también se acercaron miembros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que elaboraron una carta-informe dirigida al senador Daniel Filmus y a Romina Picolotti, como responsables del foro para la nueva ley de glaciares. En el escrito -que dejaron en manos de los funcionarios de la secretaría de Medio Ambiente-, los científicos afirman que “no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”. En otra parte de la carta el INTI es categórico: “no parece serio ni creíble invocar principios de responsabilidad social empresaria, y menos aún, de gobernanza democrática socialmente responsable, para sostener hipótesis a todas luces sin antecedentes ni fundamentos”. Respecto de la ley sancionada por el Congreso, desde el INTI opinan que “difícilmente pueda encontrarse una norma superadora ya que es clara, pertinente, eficiente y suficiente”. Y a los miembros del Poder Ejecutivo llama “a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto (...) desoyendo las presiones de lobystas de intereses subalternos”.
Con gran parte de su tropa sublevada, ante un año electoral, y con una directa relación con los intereses de las empresas que forman parte del “modelo extractivo” y de saqueo, el Ejecutivo Nacional medirá cuánto está dispuesto a pagar por sostener esos privilegios.