En la carta, los legisladores expresaron que "ante el procesolicitatorio iniciado en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación, para el estudio de inventario del río Uruguay, en función de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, con relación a la ejecución del emprendimiento hidroeléctrico Garabí, proyectado sobre territorios de las provincias de Corrientes y Misiones, nos dirigimos al Defensor del Pueblo de la Nación para que en el ámbito de su competencia, en ejercicio de su autonomía funcional y en defensa de los derechos y garantías tutelados por la Constitución y las leyes, intervenga de inmediato ante eventuales violaciones de autoría federal que pudieren perjudicar legítimos intereses de Misiones y sus habitantes. Invocamos al respecto, los artículos 86, 121, 124, 75, 41, 43 y concordantes de la Constitución Nacional; 1, 2, 4, 58, 101 y 161 y concordantes de la Constitución de Misiones; leyes de la Nación números 24.284, 23.879, 24539, 25675 y 25688 y de la Provincia de Misiones números 3058, 3079, sus concordantes y modificatorias. Respetuosamente, Ricardo Biazzi, Mariano Díaz, Esteban Lozina y Miguel López".
Sobre el alcance de la intervención solicitada, el diputado Ricardo Biazzi, manifestó que "el defensor del Pueblo de la Nación está obligado a actuar en el control del ejercicio de las funciones de la Administración Pública Nacional y ante hechos, actos u omisiones de la misma. En ese sentido creemos que ningún organismo nacional o binacional puede convocar a estudiar los recursos naturales que son del dominio originario de una o varias provincias, sin el consentimiento orgánico e institucional de las mismas. Las provincias como dueñas de esos recursos, deben ser necesariamente parte en la toma de decisiones desde el momento inicial de cualquier secuencia que se dispare, como ocurre en este caso, con la licitación de los estudios de factibilidad para el aprovechamiento de un tramo del río Uruguay, a partir de los acuerdos de la Nación con Brasil para la construcción de una represa. No puede ser que el Gobierno Nacional, de hecho, nacionalice la cuestión invocando un interés general o superior y deje en letra muerta la garantía federal que debiera respetar en cuanto a la intangibilidad territorial de las provincias. Esta interpretación marcadamente unitaria y centralista fue la que produjo durante mucho tiempo una especie de desmembramiento territorial y el empobrecimiento de las regiones, las provincias y los municipios que fueron perdiendo poder de decisión política y recursos económicos", remarcó el legislador.
"La Nación debe respetar a las provincias y éstas hacerse respetar. Nilos acuerdos internacionales, ni los procesos de integración pueden asumirse sin reconocer que aquí hay pueblos, personas, realidades concretas y estructuras institucionales que deben ser consideradas antes de salir a negociar nuestros propios recursos naturales de lo que nos enteramos, para colmo, al día siguiente por los diarios"
Biazzi recordó, además, que "en junio del 2007 había presentadoun proyecto de comunicación -que nunca fue tratado- requiriendo informes al Poder Ejecutivo Provincial respecto a las negociaciones internacionales sobre la obra, la intervención que se le hubiese dado a Misiones y, en tal caso, si la representación de Misiones formuló la reserva correspondiente, respecto a la ejecución del emprendimiento teniendo en cuenta las limitaciones de carácter constitucional que tendría el Poder Ejecutivo nacional para encarar el mismo .Independientemente de lo que cada misionero piense sobre el tema represas, independientemente de lo que institucionalmente decida el Estado provincial a través de sus poderes sobre la construcción de las mismas, creo que un proyecto de esa envergadura no se puede desarrollar sin proporcionar, desde el primer momento, información oportuna y suficiente a los eventuales afectados o impactados. Aquí se está ignorando olímpicamente a la provincia y a los municipios de la zona", finalizó el legislador.