Unos pocos días atrás los gobernadores de las provincia de Buenos Aires y Río Negro firmaron un convenio con vistas a la realización de un canal que, con toma en cercanías de General Conesa, sobre el río Negro, conducirá aguas a lo largo de casi 300 kilómetros hasta el partido de Patagones, en el sur bonaerense. El emprendimiento, de características únicas en su tipo en el país, pondrá bajo riego casi 300.000 hectáreas de tierras de secano, hoy prácticamente desérticas. El acuerdo, ya en marcha, estipula la conformación de un comité técnico que, en el plazo máximo de un año, deberá estudiar las alternativas de prefactibilidad del proyecto.
No puede menos que alabarse la decisión de ambos estados integrantes de la cuenca del río Negro, y por lo tanto condóminos de sus aguas junto a Neuquén. Semejante proyecto encaja perfectamente en el pensamiento de una Argentina distinta y de un efectivo desarrollo e integración de la Norpatagonia al resto del país.
Sin embargo no deja de llamar la atención la presteza en la puesta en marcha de este grandioso emprendimiento si se lo compara con otro, igualmente importante para la región, y que duerme el sueño de los justos desde hace más de treinta años. Se trata del trasvase compensatorio del río Negro al Colorado, que forma parte del Acuerdo del río Colorado, firmado por las provincias de la cuenca y la Nación, con fuerza de ley nacional y provincial.
Como se sabe el Tratado del Colorado contempla dos trasvases: uno del Colorado al Atuel, en la alta cuenca, para ampliar la zona de regadío del sur mendocino, y otro del Negro al Colorado, compensatorio del anterior y que permitiría, entre otras cosas, ampliar las áreas cultivadas en la cuenca baja. Ambos trasvases, estipula el acuerdo, deben hacerse en forma simultánea.
Sin embargo una ley rionegrina dictada durante el proceso militar niega la servidumbre de paso a la obra, por más que los posibles caudales a erogar los cede la provincia de Buenos Aires, según la letra del tratado. Sorprende que aquello que la provincia de Río Negro niega empecinadamente por un lado lo habilite tan alegremente por el otro, máxime que los caudales a conducir serán mucho mayores dada la índole de los regadíos.
A ese absurdo, y a la poca disposición de las provincias interesadas, se debe que se hable cada vez menos de esa obra tan necesaria a La Pampa. Mientras tanto Mendoza teje económica y políticamente no sólo para financiar su trasvase, lo que está en sus atribuciones, sino también para cambiar el emplazamiento, lo que afectaría negativamente la salinidad en las aguas del Colorado.
Sería legítimo que la provincia de La Pampa planteara a sus pares lo incongruente de la situación observada desde el punto de vista de la integración regional, un concepto que Buenos Aires, y especialmente Río Negro, vienen meneando desde hace mucho tiempo. La Pampa siempre ha tenido una posición muy clara de defensa de la integración hídrica regional, por lo tanto tiene autoridad para hacer el planteo con la diplomacia pero también con la firmeza que este caso requiere.