El CIADI le pidió a la Nación garantías de pago por las resoluciones desfavorables al Estado, entre ellas la que benefició a Vivendi por la traumática salida de Tucumán de la empresa Aguas del Aconquija. El organismo emitió un laudo a favor de la firma francesa, que fue recusado por la Provincia, aduciendo parcialidad de una de las juezas que intervino en el caso, quien tiene intereses en el grupo empresario. Esto quedó pendiente de tratamiento y obtendría una resolución recién en los primeros meses del año entrante. De todas maneras el tribunal internacional de inversiones requirió avales al Gobierno federal respecto de la voluntad de pago, en caso que se confirmen las fallos adversos.