Los siete años de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado de Guayaquil parece que darán un giro. La empresa Proactiva Medio Ambiente SA asume la operación de Interagua y tiene el reto de borrar el legado de multas, quejas y sanciones que se ganó la concesionaria.
El nuevo administrador está conformado por la francesa Veolia y la española Fomento de Construcciones y Contratas de España (FCC). La firma de Francia es el segundo operador de gestión de agua y saneamiento del mundo. Maneja contratos en 84 países y factura 28 000 millones de euros al año. Mientras FCC factura 6 000 millones de euros anuales y está en 16 países.
Hace un mes, el consorcio franco-español compró el 90% del paquete accionario de Interagua, y desde el lunes pasado ya opera.
Como primer paso, Proactiva colocó una inversión de USD 25 millones. Parte de ese monto (USD 5 135 000) se destinará para saldar la multa que tenía pendiente Interagua por incumplimiento de contrato. La inversión será para obras en el Guasmo (sur) a cuya licitación se convocará el lunes. El resto servirá para cancelar deudas de la anterior administración con proveedores.
Ese listado de cuentas develó las falencias en el manejo de los anteriores accionistas. En octubre pasado, Interagua informó sobre la posible paralización de inversiones, bajo la figura de ‘fuerza mayor’. El tema centró el análisis de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado para Guayaquil (Ecapag).
El pasado lunes publicó un comunicado donde mencionó la figura que quiso usar Interagua para dejar de operar ‘fuerza mayor’, lo que no aceptó la reguladora. Ecapag aclaró que examinó la capacidad técnica y económica de los compradores, y puso condiciones para garantizar el servicio.
El Directorio de Ecapag advirtió que si la venta no se concretaba “la ciudad hubiera sufrido serios problemas en el desarrollo de su infraestructura de agua potable y alcantarillado”. Anoche estaba previsto que se reúna el Directorio para confirmar que los nuevos accionistas cumplan las exigencias. Y, posteriormente, dar un pronunciamiento público.
La venta de las acciones, que empezó en el 2006, se aceleró por el seguimiento de la Asamblea y el anuncio de una auditoría con la nueva Constitución.
Según datos de Ecapag, antes de entregar sus acciones, Interagua operó con los USD 7 millones de facturación al mes. Más los fondos del Municipio para proyectos de ejecución conjunta, y los 30 millones que le da Ecapag.
Aunque todavía no se define la forma de administración de los nuevos accionistas, Ilfn Florsheim, gerente de Comunicaciones de Interagua, asegura que el traspaso no generará alteraciones, al menos en lo laboral.
“Es la misma empresa, la misma gente, las mismas obligaciones, no hay cambios”, dijo. Sin embargo, se avizora un giro en el tablero administrativo. Las direcciones General, Financiera y Técnica de Interagua tendrán cambios.
El contrato de concesión (por 30 años) se firmó en abril de 2001. En el primer quinquenio Interagua invirtió USD 35 millones en planes de expansión. Y para el segundo período se planificó un monto de USD 90 millones.
Sin embargo, la venta deja dudas. César Cárdenas, presidente del Observatorio de Servicios Ciudadanos, afirma que la nueva empresa puede evadir la auditoría, prevista en la transitoria vigésima sexta de la Carta Magna.
“Ecapag no debió autorizar la venta antes de la auditoría. Es una actitud cómplice”. El riesgo, dice, es que pueda cambiar la razón social Interagua.

Los pros y los contras
USD 0,25 es la tarifa por metro cúbico de agua que se consume en Guayaquil. El 85% de los usuarios (312 000 personas) paga esa tarifa. El otro 15% cancela en promedio unos USD 0,49.
En el 2006, Interagua recibió 11 0 36 reclamos por alta facturación, por errores en lectura del consumo y por cobro del servicio de alcantarillado sin que existan obras en las zonas afectadas.
Los casos de hepatitis que se presentaron en el Suburbio de Guayaquil, por contaminación del agua, son parte de los problemas de la anterior gestión.