La Contraloría General de la República (CGR) notificó ayer a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que iniciará las auditorías en tales entes. En la fecha se pondrá en marcha lo anunciado meses atrás, que es el ingreso de la Contraloría para verificar el manejo de los recursos de las hidroeléctricas.
La oficina contralora verificará la gestión con los “fondos sociales” de Itaipú correspondiente al ejercicio fiscal 2007, y entre enero y agosto de 2008. En la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en tanto, se supervisará lo referente al Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) y a la vez el área de Recursos Humanos.
El contralor general Octavio Airaldi, señaló que son numerosas las denuncias de irregularidades que se produjeron en las hidroeléctricas, y que por ello se realizarán los trabajos de supervisión. Se investigará en la EBY, la administración del personal, ante denuncias de existencias de “planilleros”, así como también se revisará el mecanismo de contratación de empleados en el ente. Airaldi señaló que hoy los auditores intentarán de vuelta reunirse con la plana mayor de ambos entes, pues ayer no pudieron hacerlo.
La CGR solicitó al director paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, facilitar las informaciones y documentos requeridos por los auditores para el buen desarrollo de los trabajos y cumplir con el objetivo previsto. El equipo en cuestión estará encabezado por Sandra Ferreira, en tanto que la supervisión estará a cargo de Sara Gladys Calonga y la directora de Control de Administración Descentralizada, Isabel Emi Moriya de Amarilla. El seguimiento y cumplimiento del trabajo fueron asignados a Gladys Fernández Miñarro, directora general de Economía.
La documentación solicitada al director paraguayo de la EBY incluye las actas de acuerdo y de entendimiento firmadas en el marco del PTY, los programas y proyectos que lo componen, costo total establecido, fuente de financiamiento y otros detalles técnicos. La información debe suministrarse en 10 días.
Ya la CGR concluyó, días atrás, que se detectaron irregularidades en varias obras insertas en los “gastos sociales” de Itaipú, en el Alto Paraná, que causaron daños patrimoniales por 571 millones de guaraníes.