La Justicia santafesina cuenta con una partida presupuestaria extra, autorizada por el Ejecutivo provincial, para pagar los peritajes solicitados para conocer por qué en el 2007 una parte de la ciudad quedó nuevamente sumergida. Los profesionales propuestos por la fiscalía aceptaron el cargo a mediados de año y deben presentarse antes del 31 de diciembre para que la partida no vuelva a Rentas Generales.
Tres ingenieros hídricos ajenos a la ciudad y la provincia deberán estudiar las causas que hicieron que Santa Fe se volviera a inundar entre febrero y marzo del año pasado.
Sólo uno de ellos es nativo de “la cordial”, el ingeniero Luis María Calvo, pero hace años que reside en Buenos Aires. Los otros dos son: Marcelo Gaviño Novillo, de La Plata; y Hugo Rubén Rohormann, de Resistencia, Chaco.
Los tres fueron elegidos por el fiscal natural de la causa, Juan Pablo López Rosas; y Norberto Nisnevich -fiscal de la causa inundaciones 2003-, este último designado por el procurador general, Agustín Bassó. Entre ambos deberán ejercer el contralor sobre el expediente.

Vienen de afuera
Además de ser profesionales respetados en su especialidad, los fiscales López Rosas y Nisnevich acordaron con el juez correccional José Luis Giavedoni que los convocados no fueran locales. El motivo es el de evitar cualquier tipo de suspicacias por afinidades políticas o amistades con los futuros implicados, que deriven en impugnaciones que demoren o anulen la prueba.
La contra de que los ingenieros sean foráneos es el costo que representa para el Estado provincial llevar a cabo el peritaje.
Calvo, Rohormann y Gaviño Novillo aceptaron el desafío de orientar a la Justicia local en la resolución del caso. Para empezar, en un fugaz viaje a Santa Fe que realizaron juntos, pidieron copia del expediente, leyeron el informe de la comisión investigadora del Concejo Municipal y otras documentaciones que circulan al respecto.
Pero al mismo tiempo requirieron un adelanto de $18.000 cada uno. En concepto de gastos -entre lo que se incluyen viajes, estadías, materiales de trabajo, etc-, cada profesional pidió $ 30.000. A eso deben sumarse los honorarios que cobrarán por el servicio prestado a la Justicia. En total, la erogación que deberá hacer la provincia ronda los $ 180.000.

Evitar demoras
Ante semejante suma, el Juzgado Correccional Nº 1 -circunstancialmente a cargo de Giavedoni para esta causa- pidió autorización a la Corte provincial para que acepte o niegue el pedido. A su vez, la Corte le requirió al Ejecutivo una ampliación extraordinaria, puesto que la cifra está fuera de lo previsto para el año 2008.
El adelanto quedó depositado y está a disposición del juez. El magistrado confirmó esta mañana a El Litoral que aguardará a que los especialistas presenten toda la documentación requerida para luego retirar el dinero de la cuenta.
No obstante, antes de pagar, se les exige a los profesionales que se matriculen en el Colegio de Ingenieros de Santa Fe; además de una justificación de gastos; y una declaración jurada en la que conste que no perciben ingresos por servicios prestados en alguna repartición pública, puesto que entonces deberían redefinir sus honorarios.
El 25 de noviembre pasado el fiscal López Rosas les informó que ya estaba la partida y desde entonces aguardan su llegada a la ciudad para completar el trámite. Pero todavía no se presentaron formalmente.
El único inconveniente que surge ahora es que la partida asignada vence el 31 de diciembre de 2008. Y de no presentarse con los trámites solicitados completos, habría que tramitarlas nuevamente el año próximo.

ADEMÁS
No hay imputados
El juez José Luis Giavedoni fue designado por sorteo a cargo del expediente en el que se investiga la responsabilidad penal de funcionarios u otra persona relacionada, en las inundaciones de 2007. Aunque todavía no está definido el tipo de delito que se va a juzgar, para el juez cabría la figura del “estrago culposo”; mientras que para los fiscales podría sumarse la de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La lentitud con la que avanza el proceso penal hace que tampoco haya imputados por el momento. Si bien los principales responsables serían funcionarios políticos de la intendencia. Entre ellos sobresalen los nombres del primer mandatario, Martín Balbarrey, los referentes de la Secretaría de Asuntos Hídricos, Horacio Ruiz; y el director de Gestión de Riesgo, el venezolano Pedro Zucarini, entre otros.

EL DATO
Las preguntas de los fiscales
Los fiscales serán los encargados de preguntar a los peritos si se podía evitar o prever semejante catástrofe. Buscarán “determinar los factores y causas de la inundación”, o si realmente se trató de un fenómeno extraordinario. También quieren saber el estado en que se encontraban las bombas, los desagües y las defensas y más aún, interrogar acerca de la eficacia del plan de emergencia que supuestamente había implementado el municipio después de la primera gran catástrofe hídrica de 2003.