Vecinos de la localidad bonaerense de Baradero denunciaron la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario, según informó la prensa nacional y local.
Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
La noticia, que tuvo inmediata repercusión en medios nacionales, puso al Delta nuevamente como centro de atención, luego de los incendios que devastaron a este ecosistema único desde abril pasado hasta hace pocos días.
“Lo que sucede con este tema es que no hay ningún control” dijo a Recintonet el senador de Islas, Eduardo Melchiori (PJ), quien precisamente redactó e impulsó el proyecto de ley de Comité de Cuencas y Consorcios de usuarios que fue promulgada en el año 2007, pero aún no se reglamentó.
“Lo más grave es que lo que se necesita reglamentar son sólo algunos artículos”, abundó el senador que además precisó que la norma “ordena la inquietud de la gente que necesita hacer uso del agua para riego, para potabilizarla o para cualquier aplicación y en el proceso intervienen desde el municipio hasta las organizaciones no gubernamentales” recordó el legislador.
La construcción de terraplenes, canales, colocación de compuertas y bombas corre por cuenta de la empresa Pazzaglia Hermanos con el objeto de "ampliar el área de sus emprendimientos agropecuarios".
Pazzaglia es un empresario que adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas y, con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario”.
Pazzaglia es un productor cerealero y ganadero, dueño de Pazzaglia Hnos, una compañía radicada en San Antonio de Areco. Sin embargo, su actividad se desarrolla cerca de Baradero. Además de ser el dueño de 3.000 hectáreas en una zona conocida como “la isla”, ubicada en Baradero a diez kilómetros de la ruta 9, controlaría otras 6.000 hectáreas de tierras fiscales y municipales, que lo convierten en el “dueño de la isla” –según informó el diario Perfil.
En julio pasado Crítica reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Victoria-Rosario y los accesos que facilitan las “bajadas” a las islas de la planicie aluvial del Paraná.
Cabe recordar que la ley de cuencas de agua prescribe la responsabilidad del Consorcio, que tendrá una visión global de la realidad hídrica provincial en su conjunto y establece una autoridad única en el manejo del agua.
A su vez determina que los propietarios de todas las obras de infraestructura hídrica que existan o que se tenga previsto realizar en la provincia deberán realizar una presentación ante el organismo que ejerce como autoridad d de aplicación, para lo cual la ley establece en su artículo 43º un “plazo de 12 meses desde la sanción de la ley”.
Cuando se sancionó la norma, Melchiori pensó que la nueva ley era “la solución legal necesaria para conformar una política de Estado con respecto al manejo y gestión del recurso hídrico en Entre Ríos” y había destacado la importancia “de la existencia de una autoridad única en el manejo del agua en la provincia, donde tenemos más de 7.000 cursos de agua y diversos problemas tanto en las aguas subterráneas como superficiales”.
En los fundamentos generales, Melchiori había precisado que por la nueva norma se podrá lograr el “ordenamiento de las cuencas hídricas de la provincia que cuentan con miles de ríos y arroyos”, y por último “planificar y realizar obras para asegurar la transformación de zonas áridas en productivas por medio del manejo de los excesos de agua que se produzcan en otras zonas”, habia dicho el legislador que hoy asegura que “la ley como está está vigente, pero que son escasas las herramientas legales para combatir este tipo de avanzadas” como la que se denunció el fin de semana.