La Fiscalía brasileña pidió hoy el alejamiento del cargo de los responsables de conceder la licencia ambiental a una central hidroeléctrica vecina a la frontera de Bolivia por cometer irregularidades que implican un gran "delito ambiental".
Fueron acusados el presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), Roberto Messias Franco, y el director de licenciamiento ambiental, Sebastiao Custodio Pires, que podrían ser multados y apartados de sus funciones.
La central de Jiraú había causado reticencias en Bolivia por la posible inundación de parte de su territorio, hecho que ha sido rechazado por las autoridades brasileñas.
La Fiscalía consideró que la expedición de la licencia atenta contra la Constitución, la ley de licitaciones y el correcto proceso de análisis ambiental, lo que "encierra uno de los mayores delitos ambientales impuestos a la sociedad", informó el ente en un comunicado.
La construcción fue adjudicada el pasado mayo a un consorcio formado por el grupo franco-belga Suez (50,1%), la constructora brasileña Camargo Correa (9,9%) y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, con 20% cada una.
El proyecto, enclavado en el río Madeira, en el corazón de la selva amazónica, tuvo que ser analizado de nuevo por las autoridades ambientales porque el consorcio constructor mudó la ubicación del proyecto a nueve kilómetros del punto original para abaratar costes.
Los autores de la denuncia explicaron que, o alta de datos, no se pudo comparar ambos proyectos en algunos aspectos ambientales, por lo que consideraron que Pires "desvirtuó" las conclusiones del informe técnico, al aseverar que el cambio de ubicación no implicó nuevos impactos al ecosistema.
La modificación del proyecto aumentará en cerca de 10 kilómetros cuadrados el área de selva inundada por la central, según los documentos de las constructoras.
El presidente del Ibama aprobó la licencia antes de que el organismo ambiental del estado de Rondonia se manifestase, como había recomendado la Fiscalía regional.
Además, la Fiscalía argumentó que el cambio de lugar haría necesario realizar una nueva licitación.
El consorcio derrotado, encabezado por la brasileña Odebrecht, ha pedido la impugnación de la subasta, que podría quedar anulada en los tribunales.
La central de Jiraú forma junto a la de San Antonio el llamado Complejo del Río Madeira, que generará 6.450 megavatios, cerca del 13% de la demanda energética de Brasil.
San Antonio, que será construida por Odebrecht, entrará en funcionamiento en 2012, cuatro años antes que Jiraú. EFE