“Tenemos que recuperar el diálogo con las provincias, con los municipios y con las otras áreas del gabinete, que se había quebrado durante la anterior gestión”, sostuvo Homero Bibiloni, flamante secretario de Ambiente de la Nación. El funcionario, que como tal es titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, advirtió que “en cuanto a las industrias, nuestras facultades de contralor están limitadas” y que “las sanciones se apelan, no se pagan, y esto desmoraliza al sector público”, pero anticipó su disposición a “asistir, en especial a las pequeñas y medianas empresas, en la reconversión de sus procesos productivos”. En cuanto a la demorada reglamentación de la Ley de Bosques, no dio plazos y la remitió al acuerdo con las provincias en el marco del Consejo Federal del Medio Ambiente. Respecto del saneamiento del Riachuelo, subrayó la necesidad de dialogar con los 14 municipios involucrados y anticipó la posibilidad de requerir una prórroga a los plazos otorgados por la Corte Suprema. Y, acerca de la financiación de las megaobras cloacales previstas para la cuenca, anticipó “para estos días” un acuerdo con el Banco Mundial.
–Voy a empezar por una pregunta que me resulta un poco difícil o incómoda: su estudio jurídico ha representado a...
–...Usted se refiere a los 14 municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo.
–No. Me refiero a empresas cuestionadas por contaminación ambiental, como es el caso de Diacrom (condenada en julio de este año por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, por contaminar el agua potable de cinco municipios).
–Fue un patrocinio letrado, una sola presentación, y mi propuesta fue remediar los pasivos ambientales con financiamiento de la empresa y monitoreo de universidades. No planteé que la empresa fuese inocente, que no hubiese contaminado, sino cómo implementar la condena judicial para que resultara efectiva. Mi actividad en ese sentido forma parte del ejercicio legítimo de la profesión de abogado: si uno busca buenas soluciones ambientales, no hay reproche, ni jurídico ni ético. Y no me condiciona en absoluto.
–En cuanto a la recientemente vetada ley de protección a los glaciares, Enrique Fernández, presidente de un organismo de referencia como el INTI, sostuvo que el Ejecutivo está “asediado por intereses subalternos”, fácilmente referibles a los de empresas privadas. ¿Cómo se conducirá usted en esta situación?
–Con la más alta institucionalidad. Volveremos a analizar el tema con los legisladores y con los gobernadores de las provincias involucradas. La ley, como se aprobó, invadía una cuestión internacional con Chile, en lo cual debemos ser muy prudentes; esto lo charlaremos con Cancillería. Además, la Constitución Nacional, en su artículo 41, y la Ley General de Ambiente, ya tipifican instrumentos de medición de impacto para evitar daños al ambiente, lo cual plantea una superposición de normativas.
–En las provincias involucradas, parte de la sociedad civil discrepa con los gobernadores, de modo que el diálogo con éstos no agotaría la referencia provincial.
–Cada gobernador ha sido electo democráticamente; las ONG ambientalistas expresan a una parte de la sociedad de las provincias pertinentes; su aporte es importante pero, en el contexto de las decisiones que cada provincia adopta, seremos respetuosos de las condiciones federales.
–Esto nos acerca a un tema respecto del cual ha habido protestas, no sólo de ONG sino de poblaciones: el de la minería a cielo abierto. ¿Cómo piensa encarar la cuestión?
–La Argentina necesita crecer en términos económicos, con inclusión social e incorporando la variable ambiental: si mantenemos los recursos naturales como si fuese en una caja de vidrio, vamos a tener un gravísimo problema de subsistencia. Es un problema complejo, tanto a nivel de la minería como de la industria o de la frontera agropecuaria, y debemos encararlo en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario. Para mejorar la calidad en la gestión ambiental, hay que contar con auditorías externas creíbles, que en mi opinión deben estar ligadas al sistema científico. Y, como en toda actividad productiva hay riesgos, debe garantizarse que quienes tienen producciones mineras cuenten con fondos de contingencia: por si pasa algo, debe estar dispuesto el dinero para resolver el problema.
–Otro tema pendiente es la reglamentación de la Ley de Bosques, demorada desde hace más de un año; se ha señalado que intereses vinculados con los desmontes tratarían de frenarla...
–Esa reglamentación está en la agenda de la próxima reunión del Cofema, este lunes. Debía haber sido impulsada por la propia Secretaría de Ambiente (durante la gestión de Romina Picolotti), pero su criterio era excesivamente centralizado: la intromisión federal en la gestión de los recursos naturales provinciales es inconstitucional, y alguna provincia podría haber obtenido una medida cautelar por tal motivo. Y la Ley de Bosques pone a las provincias prerrequisitos, como el reordenamiento de territorio y el inventario de fauna, que requieren reorganizar las áreas ambientales. Por lo demás hay una falsa creencia de que cuidar el ambiente es gratis. En rigor, los bosques, en las provincias, absorben el carbono generado por los grandes centros urbanos. ¿Quién les paga este servicio a las provincias? Tomemos el caso de Formosa, donde yo asesoré a la gobernación: tiene casi el 95 por ciento de su territorio virgen; si quieren preservarlo, ¿quién va a hacerse cargo?
–Pero la Ley de Bosques prevé fondos para su financiación.
–Sí, pero en materia ambiental hay varias normativas con fondos “desfondados”. La Ley de Bosques prevé una alícuota pero que se implementará a través de mecanismos complejísimos; hay que lograr que lo burocrático incida lo menos posible. Tener un buen ambiente no es gratis: los ciudadanos deben poner más dinero para aumentar los presupuestos. Y hoy el presupuesto no forma parte de una variable importante, aunque esta secretaría lo aumentó notablemente. Y tenemos que adoptar conductas y restricciones que pueden resultar antipáticas. En La Plata, mi ciudad, se estableció un sistema de separación en origen para los residuos sólidos urbanos, que el vecino debe colocar en bolsas distintas. Como así los costos de recolección suben, la basura sólo puede retirarse tres veces por semana y se nos acumulan las bolsitas... Antes era más fácil. ¿Cuántos de nosotros hacemos compras mayoristas, lo cual disminuye costos en embalaje y en traslados? También el sector público debe efectuar sus compras de acuerdo con políticas ambientales sustentables.
–¿Qué otras diferencias habrá entre su gestión y la anterior?
–Básicamente tenemos que recuperar un diálogo político institucional que se había quebrado, con las provincias, los municipios, las otras áreas del gabinete y dentro mismo de la secretaría. Y ejecutar un presupuesto que venía subejecutado. Entonces, menos discurso y más acción: menos consultoría, menos viajes. Tenemos que revertir esto con gestión diaria, con solidaridad hacia el interior federal, con los municipios.
–Usted fue contratado por 14 municipios de la cuenca del Riachuelo para representarlos ante la Corte Suprema. ¿En qué medida usted podrá, llegado el caso, poner límites a quienes son clientes de su estudio?
–No son clientes de mi estudio: se trató de una locación de obra para contestar aquella demanda.
–En la página web de su estudio aparecen como clientes.
–Sí, pero en el marco de una locación de obra; por supuesto, todo aquel a quien yo atendí ha sido un cliente. En cuanto a los municipios, tienen competencias limitadas en materia de contralor. Nuestra propuesta es fortalecer sus programas ambientales, facilitar la pesada gestión de los intendentes, que están en la trinchera. La anterior gestión de la Acumar no les transfirió fondos. En cuanto a las empresas, nuestras facultades de contralor están limitadas, ya que una parte está a cargo de las provincias y otra parte, aunque marginal, a cargo de los municipios. Pero podemos asistir en la reconversión de sus procesos productivos, básicamente a las pequeñas y medianas; las grandes, para exportar, se van adaptando a las normas internacionales. Y en esto es clave el movimiento obrero organizado: los trabajadores pueden garantizar prácticas que apunten a la producción limpia. Las experiencias ambientales son rentables: una empresa que gasta menos agua, menos energía, menos embalaje, menos transporte, aumenta su rentabilidad.
–Pero en la práctica las empresas parecen no funcionar así. ¿No se dan cuenta de que les convendría?
–El tema ambiental es relativamente nuevo en la Argentina, y muchas empresas no lo tienen en su agenda. Otras se dicen que para qué van a invertir si los consumidores no castigan al fabricante que no acredita trazabilidad verde o las autoridades no lo alcanzan a controlar; es complejo controlar miles y miles de industrias que funcionan 24 horas al día todos los días del año. Las sanciones se apelan, no se pagan, y esto desmoraliza al sector público. Hay que ilustrar a las empresas, ofrecerles un inventario de tecnologías y sistemas de funcionamiento. Y, si no cumplen, correrán las sanciones.
–¿Cómo se hará cargo del saneamiento del Riachuelo, en el marco de las instrucciones impartidas por la Corte Suprema?
–Vengo de reunirme con representantes de los 14 municipios, que nunca habían sido invitados a dialogar porque la Secretaría de Ambiente, desde la Acumar, quería tener la representación colectiva de todos los actores públicos: los municipios no lo aceptaron y por eso tuve esa locación de obra en la que intervine por todos ellos. También nos reuniremos con otras áreas del gabinete, y con el procurador del Tesoro de la Nación, para encarar las soluciones que requiere la Corte. Si hubiera que pedir alguna prórroga, estará absolutamente justificada por datos objetivos. Hoy las variables de contaminación se dan centralmente por problemas cloacales, no industriales, Por obra del neoliberalismo, la industria está casi desterrada de la cuenca.
–¿La industria casi no contamina el Riachuelo? ¿Qué estudios sostienen eso?
–No los tengo a mano pero es lo que dicen los expertos de la cuenca. Históricamente, desde el siglo XIX había barracas, curtiembres, industrias, donde hoy hay galpones abandonados. Uno de los problemas más graves es la falta de tratamiento cloacal. La industria genera contaminación por metales pesados y las aguas cloacales eliminan el oxígeno: hay que tratar las dos cosas.
–¿En qué punto están los acuerdos con el Banco Mundial para el financiamiento de las grandes obras de saneamiento en esta cuenca?
–Ya hemos tenido reuniones clave y estamos cerrando un acuerdo con el Banco Mundial, a fin de habilitar una masa de financiación muy importante para el saneamiento de la cuenca. Nos proponemos cerrar en estos días un memorándum de entendimiento.
–En cuanto a la situación en Gualeguaychú, donde continúa el corte de la ruta internacional en protesta por la contaminación atribuida a la empresa Botnia, ¿qué posición va a adoptar?
–Esperaremos y acataremos el fallo del Tribunal de La Haya. Y hemos recibido, en nombre de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, un pedido de audiencia al que haremos lugar tan pronto como nos sea posible.